Denuncian omisión en control de la ley del consumidor

El diputado frenteamplista José Mahía demandó explicaciones al gobierno, en torno a presuntas omisiones en el control y fiscalización del cumplimiento de la Ley 17.250 de Relaciones de Consumo, particularmente en lo que atañe a la operativa de las tarjetas de crédito.

El Director General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Sienra y el contador del Banco Central del Uruguay, Jorge González, comparecieron ante la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, explicando que hay 35 dependencias estatales competentes en el contralor del mercado de consumo, incluyendo a los comparecientes.

El motivo de la convocatoria fue las numerosas denuncias recibidas contra las tarjetas de créditos, en torno a la presunta existencia de cláusulas abusivas en los contratos y en la operativa de estas empresas.

El director general de Comercio Jorge Sienra y la directora del Área de Defensa del Consumidor, (Adeco) Beatriz Ramos concurrieron acompañados de los asesores, María Rosa Longone y el economista Horacio Bafico.

El diputado Mahía narró a la delegación del MEF-BCU, que «a los legisladores de este Parlamento se nos ofreció tarjetas de crédito internacionales gratuitas y algunos aceptamos ese servicio. Al año siguiente, nos llegó una renovación automática, con determinado precio. Como no habíamos hecho uso de la tarjeta, llamamos al teléfono correspondiente para hacer las preguntas del caso y se nos contestó que el precio correspondía a la renovación.

Entonces, preguntamos qué sucedía si nosotros no queríamos la tarjeta y se nos respondió que debíamos dirigirnos a determinado lugar, al que concurrimos conjuntamente con el diputado Bellomo. Por aquello de que el silencio del consumidor jamás se ha tomado como aceptación, planteamos qué pasaba si no se respondía y se nos dijo que, eventualmente, estaríamos expuestos a acciones legales». Toda esta historia terminó en que nos ofrecieron la tarjeta gratuitamente por un año más».

Mahía preguntó «si hay alguna omisión por parte del Banco Central a la hora de controlar a los emisores de tarjetas de crédito o si existe un vacío legal que esta siendo utilizado por estos emisores». Consideró necesario realizar una reglamentación distinta o corregir la existente.

El legislador recibió denuncias de varios departamentos del país, en relación a presuntos casos de usura en el cobro de recargos por atrasos en el pago de algunos servicios.

Aseguró el diputado frenteamplista que «en estas empresas los contratos se renuevan automáticamente si el usuario no manifiesta lo contrario, lo que no debe ser así».

Mahía opinó que esta metodología «lleva a la gente a pagar por las dudas, por miedo a tal cosa, porque no conoce los mecanismos de conciliación debido a la insuficiente difusión de los derechos del consumidor».

El diputado Mahía se dirigió al contador del BCU, preguntándole cuándo se piensa tener pronta esa reglamentación del Banco Central del Uruguay, «porque a la larga, eso ayudará a los consumidores. De lo contrario, de $200 que debían, a los años pasan a deber $200.000″.

El legislador consideró que «el Poder Ejecutivo no está cumpliendo con las competencias que le fueron delegadas por el Poder Legislativo para que actúe en esta materia», denunciando que «hay una omisión muy grande que permite que se sigan lesionando los derechos de la gente».

La Directora de Adeco, Beatriz Ramos, respondió que las denuncias recibidas en el tema de las tarjetas de crédito «no fueron más de cinco y las remitimos al organismo competente (BCU)».

El contador González, del Banco Central del Uruguay, explicó que las denuncias recibidas las toma «la superintendencia de intermediación financiera del Banco, que las deriva al grupo inspectivo encargado de la institución. Una vez que se determina si hubo o no irregularidades, pasa a la asesoría legal del Banco, que define si hay lugar o no a la sanción a la institución. El caso vuelve al área de defensa del consumidor, con la resolución del Banco Central del Uruguay».

El Director General de Comercio, Jorge Sienra, aceptó que «como consumidores e integrantes de la sociedad civil hemos sufrido este tipo de situación con las tarjetas de crédito». *