Freno a la arqueología

Sin embargo, desde hace 16 años impide que los expertos ingresen y analicen el valioso material histórico.

Esta insólita situación ha provocado que los investigadores arqueológicos de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) impulsaran la creación de una ordenanza municipal que revirtiera dicho caso en particular y, además, impidiera la ocurrencia de nuevos y conflictivos episodios en el futuro.

El investigador y director del Museo Arqueológico de Canelones –dependiente del gobierno departamental canario–, Jorge Femenías, reveló a LA REPUBLICA que durante 1985, un operario de una arenera ubicada cerca del río Santa Lucía, en las inmediaciones de la localidad de Los Cerrillos, encontró restos humanos.

Entonces, el trabajador realizó la correspondiente denuncia ante los expertos de la comuna, quienes no dudaron en dirigirse al predio para comprobar el hallazgo. Sin embargo, el propietario impidió que los arqueólogos ingresaran, argumentando que allí «no había nada».

Actualmente, 16 años más tarde, aquella arenera funciona como establecimiento rural, y la situación permanece incambiada. «Aún no hemos logrado que el dueño del campo nos deje entrar a mirar, pues ni siquiera nos atiende», explicó Femenías, destacando que en las reiteradas oportunidades en que han tratado de comunicarse con el responsable del terreno, los intentos han fracasado.

El jerarca manifestó que, según los datos manejados, el material que se encuentra en ese campo «tiene un valor científico muy importante», ya que establecería los orígenes de los primeros pobladores de lo que hoy se conoce como departamento de Canelones. «Con esos restos, lograríamos establecer las características de los personajes que vivieron en Canelones hace 1.500 o 2.000 años».

Reglamentación legislativa

Ante esa situación, el director del Museo promovió, junto al arquitecto de la IMC Jorge García, la redacción de una ordenanza municipal que contemplara estos casos y fijara soluciones, a los efectos de impedir que nuevamente se produzcan «enfrentamientos» entre arqueólogos y dueños de terrenos.

De esa manera, en la sesión del pasado jueves, la Junta Departamental de Canelones aprobó una resolución que, según explicó el coordinador de la bancada del Encuentro Progresista – Frente Amplio y edil de la Vertiente Artiguista, Errol Gonella, apunta a «preservar los hallazgos arqueológicos y panteológicos en este territorio».

El curul señaló que la ordenanza indica que cuando un particular esté realizando una construcción y encuentre restos arqueológicos, debe informar inmediatamente a la Intendencia. En caso contrario, si el municipio detecta tales situaciones irregulares fijará multas que oscilarán entre las 75 y 350 Unidades Reajustables (UR).

«Como en Canelones no había una resolución de este tipo, todo quedaba librado a la voluntad de quien estaba construyendo», afirmó Gonella. Remarcó que el texto votado en el deliberativo fue previamente analizado en forma conjunta entre las comisiones de cultura y asuntos legales y financieros del legislativo municipal.

Modelo para «exportar»

Por su parte, Femenías destacó que «más allá del caso puntual» registrado en las proximidades del río Santa Lucía, la ordenanza aprobada por la junta canaria «apunta a reforzar en la gente el concepto del patrimonio», así como la «obligatoriedad de colaborar» en esa materia.

Subrayó además que la resolución adoptada por el órgano legislativo «ha marcado un hito, pues es el primer departamento que ha generado una respuesta de este tipo ante su patrimonio histórico».

En ese sentido, señaló que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) «se mostró interesada en esta resolución para tomarla de modelo en el resto del país». *