Las consecuencias de la mundialización imperante

El mito de la inevitabilidad del capitalismo global

RICCARDO PETRELLA (*)

 

Varios estudios empíricos efectuados en los últimos cinco años demuestran que la era de la globalización (1980-2001) trajo sustancialmente menos progreso que el alcanzado en el período 1960-1980. Por ello, es ya tiempo de cuestionar la legitimidad de este argumento y de definir otra agenda.

En menos de 25 años la población mundial llegará a 8 mil millones. El verdadero tema no es la integración/adaptación de las economías locales a la economía global, sino más bien el de cuáles principios, reglas e i nstituciones pueden reemplazar a los de la economía de mercado capitalista para que esos 8 mil millones de personas puedan satisfacer sus propias necesidades en materia de agua, vivienda, nutrición, energía, salud, enseñanza, transporte, comunicación, expresión artística y participación en la dirección de sus comunidades.

En primer lugar, debemos rechazar la actual retórica dominante, según la cual la competencia por la supervivencia es un estímulo que favorece la cohesión social y la solidaridad. Al contrario, la competencia es un proceso en el que unos ganan y otros pierden.

La historia nunca produjo una sociedad que fomentara el interés común por medio de la guerra, inspirada en la defensa y la afirmación de los intereses individuales. Para alcanzar la riqueza común global es necesario inventar nuevas formas de economía basada en la cooperación, la justicia, la solidaridad y la eficacia en la promoción y la administración de las metas y los servicios comunes.

Tomemos, por ejemplo, el caso del agua. Es urgentemente necesario detener las actuales tendencias hacia la liberalización, la desregulación y la privatización del saneamiento y el suministro del agua. El agua, a la que toda civilización consideró siempre un bien común, puede y debe convertirse en el primer bien común global perteneciente a toda la humanidad, mientras que el acceso a ella debe ser considerado y tratado como un derecho humano y social.

Tales ideas, sin embargo, tienen pocas posibilidades de éxito si antes no desarmamos al poder financiero a través de una iniciativa coordinada a escala mundial que una a las fuerzas sociales progresistas de los «países desarrollados».

Esta iniciativa debería incluir las siguientes medidas: la imposición de una tasa del 0,5 por ciento a todas las transacciones financieras, que permitiría el establecimiento de un Fondo Mundial Ciudadano para financiar el suministro de agua, la instrucción, la salud y la vivienda, el fin del secreto bancario, la eliminación de los paraísos fiscales, el restablecimiento del control político nacional y global sobre el movimiento internacional de capitales, el desplazamiento del poder decisorio preeminente de los bancos centrales hacia cuerpos políticos, hacer que la evaluación de los mercados financieros sea pública y transparente en lugar de ser dominio exclusivo de seis compañías privadas de expertos financieros, autorizar y promover la circulación de monedas locales dedicadas por completo a facilitar las relaciones económicas locales. Esas medidas deberían ser instrumentadas en el marco de un Consejo Mundial para la Seguridad Económica y Financiera, que se dedicaría a definir las reglas para un nuevo sistema financiero mundial. El modo actual de utilizar la tecnología, o sea con el propósito de reducir los costos de producción, de mejorar la calidad, de incrementar la variedad y de aumentar la flexibilidad, plantea un importante problema estructural.

En 1971, producir un automóvil llevaba más de 110 horas de trabajo humano, mientras que hoy se necesitan solamente 14 horas. Con el índice actual de aceleradas innovaciones tecnológicas ¿en cuánto tiempo tendremos una semana laboral de 24 horas, o de 12? Mientras la sociedad considere que el trabajo pagado seguirá siendo durante muchas generaciones el principal medio de integración social, nuestras economías tienen la obligación de asegurar pleno empleo a todos.

En lugar de usar la tecnología para aumentar la competitividad y ganar mayores porciones de mercado en los mercados saturados de dinero de los países desarrollados, se la debería emplear para satisfacer las necesidades básicas desatendidas de miles de millones de personas, así como las nuevas necesidades en materia de sostenibilidad, seguridad, control de la piratería en la información y de la biopiratería.

Todo ello nos lleva hacia la cuestión final que implica la promoción de una sociedad global del bienestar. Actualmente, el trabajo se vuelve cada vez más pobre mientras que el capital se hace cada vez más rico. Los trabajadores están perdiendo su poder de negociación y ya no participan más en el establecimiento de las agendas. Al trabajador se le pide que acepte toda posible regulación para incrementar su flexibilidad bajo la amenaza de ser reemplazado por la tecnología.

Al capital, en cambio, se le reduce la presión impositiva, los gobiernos le ofrecen a menudo regalías para atraerlo hacia sus países y se le atribuye la potestad de distribuir los recursos disponibles. Esto no puede continuar para siempre. Antes de que la economía de mercado haga implosión debemos comenzar a redistribuir los beneficios de la productividad de una nueva manera, entre capital y trabajo y entre las generaciones. Esto debe ser realizado en una escala global dado que es de ese modo que está estructurada actualmente la economía.

Existe un vasto potencial de innovación político-económica en esta área, pero el problema es la falta de una opción política a favor de la riqueza pública y de los bienes comunes.

Tanto en el Norte como en el Sur se están tomando cada vez más iniciativas para la adopción de una agenda alternativa. Pero si se impiden los cambios y el mundo sigue siendo el instrumento de los poderes del mercado, de la empresa privada y del capital, como es el caso hoy en día, tendremos que denunciar el carácter falaz del principio y de los preceptos sobre los que se basa la sociedad del conocimiento. (Copyright IPS) *

(*) Catedrático en la Universidad de Lovaina y consejero de la Comisión Europea de Ciencia y Política Tecnológica.

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