Ediles canarios reclaman cartera de tierras para las cooperativas de vivienda

a Junta Departamental de Canelones reclamó que el gobierno municipal conforme una cartera de tierras para las cooperativas de viviendas y exonere de impuestos a los proyectos habitacionales. Tales medidas, sostienen sus impulsores, ayudarían a combatir los asentamientos.

La iniciativa, presentada el año pasado por el edil del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) Federico Bentancor, fue analizada durante los últimos meses por la comisión de urbanismo, nomenclátor y vivienda del legislativo comunal. El pasado viernes arribó al plenario de ese órgano, que la aprobó por unanimidad.

Al ser consultado por LA REPUBLICA, el curul manifestó que su proyecto apunta a que la Intendencia de Canelones (IMC) diseñe una cartera de tierras que, a precios accesibles, serían vendidas a las cooperativas de viviendas por ayuda mutua existentes en el departamento.

Los predios que integren esa cartera, afirmó, deberán estar ubicados en zonas urbanas o suburbanas, a los efectos de permitir que esos núcleos «queden dentro de las redes de las ciudades», explicó. Asimismo, «tendrán que contar con todos los servicios públicos y municipales», subrayó.

El proyecto de decreto elaborado por el edil del EP-FA pretende además que el ejecutivo comunal exonere del pago de los impuestos de contribución inmobiliaria y de los permisos de construcción a las cooperativas que se afinquen en este departamento. Dichos beneficios también serían extendidos a los núcleos habitacionales ya instalados.

Según Bentancor, distintos gobiernos departamentales –tales como Montevideo y Paysandú– han establecido proyectos de este tipo, al tiempo que la Intendencia de Canelones ni siquiera tiene convenios con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam).

Viviendas dignas

El edil frenteamplista explicó que de esta manera, la IMC y la Junta Departamental contribuirían a frenar la permanente expansión de asentamientos irregulares y permitirían que cientos de familias canarias tengan la posibilidad de residir en «viviendas dignas». Actualmente, indicó Bentancor, existen unas 20 cooperativas que aguardan una porción de tierra.

Mientras tanto, y según los datos manejados por el municipio, hay entre 2.000 y 2.100 fincas situadas en cantegriles, en los que vive un promedio de nueve mil personas. De ese número, el 40% proviene de otros departamentos.

Esa dura realidad queda constatada en las adyacencias de las Rutas 5 y 8, donde se ubican los históricos corredores de asentamientos.

Al respecto, durante una reunión realizada días atrás en la «comisión especial con fines de diagnóstico sobre las situaciones de pobreza» de Diputados, el prosecretario del municipio canario, Gustavo Espinoza, aseguró que en distintas zonas del departamento «se han construido complejos habitacionales para erradicar asentamientos y zonas marginadas y pobres, y vemos con gran tristeza cómo a los dos o tres meses esa gente vuelve a sus cantegriles, procediendo a vender o a dejar abandonada la finca que el Estado o el municipio le concedió». *