EL PROBLEMA DE DECENAS DE FAMILIAS MONTEVIDEANAS

Convivir con el plomo para no morirse de hambre

La IMM y el Mvotma firman hoy el convenio para el realojamiento de las familias del asentamiento ubicado en Rodolfo Rincón y Manuel Herrera y Obes, afectadas por plombemia. En la primera etapa se prevé la construcción de 100 viviendas, pero los damnificados se resisten al traslado.

“Tenemos que elegir entre la salud de nuestros hijos y no morirnos de hambre. Acá hay mucha gente que vive de la recolección de metales y cartones. Con el traslado nos van a cortar los pocos ingresos que tenemos”. La frase de Miguel Cabrera, padre de 5 niños afectados por intoxicación con plomo, describe la disyuntiva que debe enfrentar un centenar de familias en situación de extrema pobreza que, en su mayoría, sobreviven como hurgadores. Este fue el principal motivo por el cual la familia Cabrera se negó a ser trasladada a Piedras Blancas.

Otra de las soluciones proporcionadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) fue una habitación en la pensión La Casona, ubicada en Valentín Gómez y Agraciada, lo que también fue rechazado por la familia.

“Nos daban una pieza, una cocina y un baño compartido. Tengo cinco hijos y sería imposible vivir así. También hay muchos vecinos que se resisten al traslado porque son propietarios y desde hace décadas que viven en la zona. No sabemos a dónde nos llevan, ni cómo nos vamos a defender”, sentenció Cabrera.

Exigen controles

Hoy el intendente de Montevideo, Mariano Arana, y el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat, rubricarán el convenio por el cual la comuna capitalina se compromete a ceder un predio de su cartera de tierras, evaluado en 400 mil dólares, donde la secretaría de Estado construirá un centenar de viviendas.

En los próximos días el Ministerio de Vivienda hará un llamado a licitación para la construcción de soluciones habitacionales prefabricadas, dijo anoche a LA REPUBLICA el titular de la cartera de Estado, Carlos Cat, y agregó que la decisión estará basada en la relación calidad-precio y en los metros cuadrados por construcción. Se estima que dentro de cuatro meses habrá finalizado la construcción de las primeras 50 viviendas, destinadas a las familias con mayor índice de plombemia detectado.

No obstante, se desconocerá cuáles serán las familias trasladadas hasta que el Ministerio de Salud Pública realice un nuevo censo.

Héctor Corrales, concejal por la subzona Nº 7, advirtió que mientras no existan controles sobre las empresas que operan en la zona –curtiembres, fundiciones y fábricas de pinturas–, la situación permanecerá igual. De hecho, a simple vista, todavía se puede observar la presencia de desechos tóxicos en la cañada Victoria, que atraviesa los fondos de varias fincas.

“Hace dos años presentamos una denuncia sobre esta situación. Incluso hemos hablado con los responsables de las tres curtiembres que vuelcan sus desechos en la cañada, pero no hemos obtenido respuesta. Mientras no se controle este tipo de empresas, la situación se irá agravando”, afirmó Corrales. *

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