"Profundas modificaciones" en la prevención de incendios pedía informe de Bomberos 2009

En las últimas horas se difundió un informe de Bomberos, fechado el 22 de setiembre de 2009, recomendando una serie de acciones preventivas, que arroja otra interrogante: ¿estaban los elementos necesarios para un primer combate al fuego ante la ocurrencia de un accidente?.

La inspección del establecimiento carcelario aconseja la instalación de 10 extintores de fuego de distinto tamaño en diferentes lugares de la manzana que ocupa el recinto.

Además ajustarse a normativas dispuestas por UTE en lo referente a instalaciones eléctricas «haciendo hincapié en la eliminación de todas las instalaciones precarias efectuadas al momento en los distintos ámbitos de alojamiento».

También dice el informe en cuanto a recomendaciones que se debe «instalar una boca de incendio de 45 milímetros de diámetro con dos piezas de mangueras de 25 metros cada una y un puntero multipropósito del mismo diámetro. La misma deberá ser alimentada por un depósito para agua exclusivo para incendio con una capacidad mínima de 4.500 litros de agua».

La mayoría de estos elementos, cuando no todos los aconsejados, no estaban presentes al momento de la tragedia. Y esta sobrevino siete meses después que la Jefatura de Policía recibiera el informe del Destacamento de Bomberos firmado por el sargento 1º Filmar Bautista que pedía «profundas modificaciones» en la prevención de los siniestros.

Este informe constituye uno de los varios elementos que están en poder del juez que actúa en la causa, doctor Vital Rodríguez.

En sintonía con esto, LA REPUBLICA se comunicó con el comisionado parlamentario carcelario, doctor Alvaro Garcé quien confirmó que en el centro de reclusión rochense sólo habían 2 extintores («bomberitos») y que estos estaban sin carga ya que habían sido usados días atrás para sofocar un pequeño foco ígneo.

Además, el jerarca adelantó que en la presente jornada presentará al presidente de la Asamblea General, senador Danilo Astori, el informe acerca de su visita a la cárcel de Rocha realizado el pasado 8 de julio

 

Dolor y Justicia

Los familiares de los reclusos fallecidos, acompañados de varias personas, después de rodear la cárcel, pasar frente a la Jefatura de Policía de Rocha, la Seccional 1ª y recorrer el centro de la ciudad, llegaron hasta el Juzgado Penal donde dieron lectura a una carta que entregaron al juez de la causa, doctor Vital Rodríguez.

En esa carta entienden que «la responsabilidad no puede resumirse a una observación sencilla o simplista, debemos analizarla en un sentido macro, amplio. En primer lugar el Estado a través de sus organismos de jerarquía, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, han sido sistemáticamente omisos en toda una serie de obligaciones que les impone la ley en torno a las condiciones de reclusión de aquellos que deben pagar por sus inconductas frente a la sociedad, que sin dudas deben ser sancionados por ello, pero esto no encierra que pierdan su condición de seres humanos».

Califican de «gravísimas omisiones», los hechos posteriores al accidente, cuestionando la presunta discusión existente entre el llavero y el comandante de guardia para abrir la celda ya que ­razonan­ fue este el episodio que causó una dilación en el tiempo de apertura de la celda.

«Que el hecho fue un triste accidente, con los elementos de juicio que se cuentan, es indiscutible, pero lo que no se puede dejar pasar, son las condiciones que crean el escenario para que ello pasara», señalan en la carta.

Coincidieron los familiares en resaltar que se manifestaría en forma pacífica y sin agravios, lo que finalmente ocurrió por las calles de Rocha y especialmente en momentos en que pasaron por dependencias policiales.

 

Huelgas de hambre

El interno de la cárcel de Rocha que comunicó la decisión de iniciar una huelga de hambre, señaló a LA REPUBLICA que también iniciaron una acción similar los reclusos de la cárcel de Canelones.

En el caso del establecimiento de reclusión rochense, la medida fue adoptada por unos 100 del total de 120 presos que componen la población carcelaria.

La amplitud de las razones que determinan la huelga no arroja precisión sobre el tiempo que sostendrán esta medida, y los reclusos han señalado que mantendrán la inanición hasta obtener una respuesta sobre la justicia que piden en relación al hecho concreto y la demanda de derechos de los reclusos.

«Se sacaron todos los comestibles para el pasillo y empezamos la huelga de hambre hasta tener una respuesta», confió ayer a la tarde el mismo recluso. Los presos de Rocha siguen denunciando al cabo responsable de la guardia por la demora en impartir la orden que ­según ellos­ hubiera permitido abrir la puerta antes. Las autoridades de Policía trasladaron al funcionario, pero por razones de seguridad, ya que ­afirman­ no tienen elementos como para presumir inacción.

 

Recusan a juez y fiscal

El doctor Gustavo Salles presentó ayer lunes un escrito de recusación contra el juez y el fiscal actuante, en tanto otros profesionales participaron de la marcha acompañando a sus defendidos.

Consultados, todos coinciden en señalar que esperan los informes técnicos y la marcha de las actuaciones pero ya adelantan ­al menos algunos de los actuantes­ que iniciarán una demanda civil procurando una reparación económica del Estado para con los familiares de las víctimas.