Analizan prestaciones sociales para huérfanos por violencia doméstica

«Cuando murió mi hermana la vida me cambió. Explicarlo con palabras es difícil porque hay que vivirlo. Tenía tres hijos, y ahora tengo seis. Todo lo que tenía lo tengo que compartir, desde el cariño hasta un plato de comida. Y hoy es comida de pobres. Si no estuviera yo, ¿qué sería de mis sobrinos?», se pregunta Blanca Pinto, de 35 años, hermana de una mujer que murió, tres años atrás, a manos del padre de sus tres niños.

Detrás de cada muerte por violencia doméstica hay mucho más que una vida menos o un problema social. También hay una familia rota y, sobre todo, en la mayoría de los casos, hijos que quedan sin madre de una manera dolorosa y traumática. En el camino, la mayoría de estos niños también pierden a su padre ­que suele ser el homicida­, ya sea porque termina en la cárcel o porque se autoelimina luego de cometer el crimen. En lo que va del año, 20 mujeres murieron por violencia doméstica, y 17 niños y adolescentes quedaron huérfanos.

El colectivo Mujeres de Negro, una organización social que combate la violencia doméstica, está abocado actualmente a luchar para que el Estado les otorgue respuestas. Su reclamo fue recogido por la diputada socialista Daisy Tourné, que inició conversaciones con el presidente del BPS, Ernesto Murro, y el subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Jorge Vázquez, para lograr que se otorguen prestaciones sociales a todos estos huérfanos hasta que lleguen a la mayoría de edad.

 

Apoyo

Tourné volcó la inquietud en la Cámara de diputados para que elabore una minuta de aspiración que enviará el Poder Ejecutivo, único capacitado para otorgar estas prestaciones sociales. La diputada solicita que el Ejecutivo, «en esta Rendición de Cuentas, formule o implemente alguna prestación social» que «ampare a estos niños y niñas», según manifestó durante una sesión de la cámara.

La legisladora informó que encontró «eco» tanto de parte de las autoridades del BPS como de las del MI. «Nos dieron a entender que existe sensibilidad y preocupación» por otorgar apoyos económicos para las familias que «se hacen cargo fraternal y solidariamente de estos huérfanos que, en general, son humildes», manifestó Tourné.

La vida para estas familias no es sencilla. Blanca, que es feriante, tuvo que tomar varias decisiones que la cambiaron con el fin de criar a sus hijos y sobrinos «por igual». «A mi hijo del medio lo mandaba a un colegio privado, pero tuve que sacarlo para no hacer diferencias. Tenemos que compartir todo: la vestimenta, el calzado, la comida», relata.

Blanca cuenta con la ayuda de su esposo, de quien se separó poco después de la muerte de su hermana. El compró una casa más grande y se la prestará indefinidamente para que los niños ­tres niñas y tres varones entre dos y 17 años­ puedan compartir dos dormitorios. Pero no todos tienen esta suerte.

Por eso, Blanca asegura que el Estado debe apoyar a estos niños y a las familias que los crían. «Desde que murió mi hermana nadie me llamó: ni el juez de Familia, ni el INAU, ni el Mides. No sé a dónde acudir ni dónde informarme. Llevo a mis sobrinos a una policlínica de Salud Pública para que los atiendan psicólogos y psiquiatras, pero eso es porque yo me preocupo. ¿Qué pasaría si no fuera así?», reclama. Precisamente, el seguimiento de los casos de violencia doméstica, tanto en el plano familiar como el de las víctimas que sobreviven, es otro de los reclamos de las organizaciones sociales (ver recuadro).

Ahora, la lucha es para conseguir que todas las personas que atraviesan la situación de Blanca puedan obtener una ayuda imprescindible para que los niños que perdieron a sus padres por violencia doméstica tengan, además de atención y afecto, lo necesario para que se garanticen sus derechos.