TIENE LA PALABRA

¿A quién corresponde?

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

En julio del año 2008 fue publicada en este mismo medio y en otros, una carta que envié al presidente Tabaré Vázquez con referencia al Banco Hipotecario del Uruguay.

Hace cinco años estamos intentando salvar nuestra casa.

Tenemos una deuda con el Banco Hipotecario, hemos intentando hacernos cargo con un monto acorde a nuestras posibilidades y siempre se nos ha dado una respuesta negativa.

Hemos golpeado muchas puertas: Agencia de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Comisión de Vivienda del Senado, Presidencia, BHU. La respuesta siempre fue: no.

Hoy otra vez, como último recurso, recurrimos a este medio.

¿Esto es lo que prometían nuestros representantes electos antes de ser tales? No. No es lo que prometían.

Muy por el contrario, se dijo que las personas que realmente no pudieran pagar sus deudas, no iban a quedar en la calle. Que se estudiarían los casos en forma particular y se daría apoyo a las personas.

Así lo dijo el antes ministro de Vivienda, arquitecto Mariano Arana, que los deudores del Banco Hipotecario se iban a ver caso a caso.

También el director nacional de Vivienda, señor Altamirano, en una entrevista en Canal 5, junto con directivos del BHU dijo: «Como no queremos que la gente pierda sus casa se va a crear la Agencia de Vivienda».

Luego el Ec. Carlos Mendive, presidente de la Agencia de Vivienda, declaró que la cartera problemática del BHU pasaría toda a la Agencia Nacional de Vivienda (sexto día- Canal 5).

Claro, las elecciones ya pasaron, ahora poco importa si esas personas tienen posibilidades de soluciones o no. No hay quién estudie los casos.

La Agencia de Vivienda no recoge todos los casos problemáticos del BHU, que pasan a ser números en un libro, que hay que recuperar.

Se nos empuja a irnos y alquilar, en vez de ayudarnos a conservar un hogar que ya es nuestro.

Nuestra casa fue a remate con una base de 1/8 de la deuda y a nosotros no se nos permite pagar acorde a nuestras posibilidades.

Esto no es lo que nos decían durante la campaña electoral, esto no es ni cerca lo que quisieron que creyéramos.

Esto no es que pague más quien tiene más…

Esto no es voluntad de Socialismo ni igualdad de oportunidades.

Esto es: afuera los pobres. Y que se arreglen. Que se vayan a los asentamientos o a dónde puedan, aumentando la problemática social.

No están cumpliendo con su palabra.

A los que no podemos cumplir con nuestros pagos, se nos cobra un alto precio por ello. Los que no cumplen con su palabra no reciben ningún castigo por engañar a quienes los ponen en su cargos.

Nadie es responsable. El sistema funciona así… ¿Quién entonces?

Al sistema lo aprobamos nosotros.

Basta de silencio que aprueba lo inaprobable. ¿El Estado somos todos o no? ¿Tenemos voto pero no tenemos voz?

No queremos evadir, queremos hacernos cargo, acorde a nuestra situación.

La vivienda es un derecho constitucional (Artículo 45 de la Constitución).

Pedimos al BHU que detuviera el desalojo hasta encontrar solución: negativo.

Pedimos prórroga de 180 días a la Justicia: nos dieron 30.

Solicitamos más tiempo y que nuestro caso sea por lo menos recogido por la Agencia de Vivienda, o por quien corresponda, como se dijo ocurriría con los casos problemáticos de BHU, y se nos considere de una manera más realista.

Exigimos se cumpla lo que se dijo con el afán de conseguir llegar a donde están y sean responsables de sus compromisos. Cinco años intentando acordar un pago adecuado no es falta de voluntad de pago.

Esta solicitud de ayuda fue enviada a todos los senadores y diputados del Frente Amplio el 25 de mayo pasado.

Entregamos toda la información (ya presentada con anterioridad en 2009) en Presidencia de la República y en el Ministerio de Vivienda, el día 22 de abril de 2010.

Cualquier persona que quiera más información o sumarse a esta causa puede comunicarse al 095 225674.

Hipoteca 076-100-45661

Exp. en Ministerio de Vivienda 3068/2010

Sobre Nº 21 el 22 de abril 2010 en Presidencia de la República.

CECILIA CARLE C.I. 933.319-7

 

Prácticas mafiosas del Sindicato de Conaprole

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

Solicito nuevamente la intervención de la prensa para esclarecer públicamente el conflicto del Sindicato Conaprole contra la empresa. No es un conflicto vulgar por el despido de un funcionario, según lo comprueban las características del problema.

Anotamos: 1- No conocemos ley alguna que limite el derecho de una empresa privada a organizar a su personal, ni la forma de designación o de destitución, con la única salvedad de los fueros para resguardar la estabilidad de dirigentes gremiales.

2- Está desorbitada la dirigencia gremial en la pretensión de impedir la destitución de un funcionario. Carece de derecho a intervenir en esa materia.

3- Es marginal la comisión o no de delito por parte del funcionario. No corresponde al Sindicato, ni a los Tribunales, ni a los fiscales, ni a ninguna autoridad pública, intervenir para valorar el trabajo del funcionario destituido. La destitución es prerrogativa de la empresa.

4- La empresa acusa a la dirigencia sindical de reglamentar por sí misma el relacionamiento de los obreros con sus patrones. Lo expresó públicamente el vicepresidente en una larga exposición pública, a propósito de la prohibición a funcionarios para reunirse con jerarca de la empresa en horas de trabajo y dentro de la planta. Un dirigente gremial disolvió la reunión, presionando al personal para retirarse de tal reunión, tras hacer una ruidosa irrupción en el lugar. Efectivamente, el personal abandonó la reunión.

5- El sindicato está desorbitado cuando organiza por sí mismo el ordenamiento de trabajo interno. El Sindicato resuelve la entrega o no de la leche, suspende por sí el despacho de mercadería de exportación. El derecho de huelga no significa el derecho de administrar la empresa. En la práctica, la extensión dada a tal derecho, lleva al sometimiento del empresario a la voluntad del dirigente sindical.

6- El sindicato desafía a la empresa cuando amenaza ocupar las plantas de producción. En fin, parece claro el atractivo de Adeom Montevideo para la dirigencia sindical de Conaprole.

Los seis puntos prueban lo desorbitado del sindicato respecto a sus atribuciones.

La conducta de los dirigentes está emparentada con prácticas mafiosas, que en otras latitudes determinaban la quiebra o la transferencia obligada de la propiedad. Mal camino para el sindicalismo uruguayo. El derecho de huelga está limitado por principios de decencia política, ya que no por leyes. No resiste ninguna empresa láctea el tipo de paros perlados, de paros alternados por sectores de producción. En los hechos, un sindicato con mil operarios está adueñado de los destinos de una empresa que defiende a 3.000 tamberos, y en buena medida de la salud de 3 millones de consumidores.

El director de Trabajo padece debilidades ingenuas en el manejo del conflicto. Olvida que el sindicato provoca competencia desleal en favor de otras empresas lácteas. Olvida que la empresa no ha violado ningún principio, no debe ninguna compensación a nadie. No tiene espacio para ceder nada.

El señor Baráibar se asemeja a un ángel de la paz cuando propone concesiones. «Algún sapito tendrá que tragarse cada uno», se debe terminar «sin vencidos ni vencedores», «debe ceder un poquito cada uno». (Palabras expresadas en radio Sarandí, informativo de 18.00 horas, viernes 28 de mayo). Bien está tal prédica en ámbitos familiares, pero parece risueña cuando se trata de una empresa fundamental para la sociedad uruguaya. No es fácil administrar una empresa, señor Baráibar, y en cambio es fácil jugar a la demagogia sindical. No estaría mal q
ue la dirigencia sindical defendiera la honorabilidad de sus afiliados, señalando definidamente actos delictivos que cometen. Mejoraría la eficiencia, mejorarían los costos, mejorarían los salarios, si los propios obreros cuidaran celosamente los intereses del Estado y de las empresas bien organizadas que prestigian al país.

Si principios de convivencia no detienen a los dirigentes gremiales, habrá que pensar en una reacción de los ciudadanos para salvaguardar intereses públicos. El país no puede vivir rehén de pequeñas minorías que se adueñan del destino nacional.

SILOS PIEDRA CUEVA AZPIROZ

CI: 2.027.875-2