"Lo que hicieron con Teresita fue un atropello y una violación de las leyes"

En diálogo con LA REPUBLICA, el procurador Bidegain comenzó informando que cuando «echaron» a Teresita de su casa, el 4 de febrero de 2010, él realizó una denuncia penal en contra del juez de la causa y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ya que a su criterio hicieron «un enjuague».

«Estos resolvieron una cosa de viva voz y de mandato verbal hicieron otra, y la mandaron echar a la calle. No podía creer semejante disparate que está plasmado en el expediente», explicó.

El amigo y defensor de la cantante agregó que, tras la denuncia, «no se la estudió», y lo que sí hizo la SCJ fue suspender por un mes del ejercicio de la profesión a la joven abogada que representaba a la señora Minetti, argumentando que «no se había hecho la defensa correspondiente, o sea, en tiempo y forma».

Bidegain en este pasaje se retrotrajo a 2005, cuando comenzó todo, ya que en ese año la abogada actual, que ya era recibida, no la representó, sino que lo hizo otro profesional, quien le dictó al propio Bidegain, que hizo de copista con el texto de argumentación de la defensa.

En este se pide la «declaratoria de pobreza» de Minetti y uno de los testigos es el procurador, quien manifestó: «Soy amigo de Teresita desde hace 20 años, y también de su hermanos, ya que fuimos compañeros de AEBU».

 

«Mataron al mensajero»

«La SCJ hizo lo mismo que un rey hace muchos años, al que como no le gustó la noticia que trajo el mensajero, lo mató», sostuvo Bidegain, y añadió que «esto se mantiene», ya que pidió la revocación y le informaron que se había mantenido la medida, «ya que la defensa tenía que haberse hecho en el expediente».

Para este punto, la respuesta argumentativa de Bidegain es que si en ese momento se presentó la declaratoria de pobreza y el juez actuante dijo que para eso debería pagarse el impuesto a la ejecuciones, que para este caso rondaba los U$S 3.000, «¿de dónde sacaba Teresita el dinero si estaba pidiendo la pobreza?».

Además Bidegain citó el artículo 254 de la Constitución, que establece que una persona tiene derecho a defenderse así no tenga dinero, y eso pasaba. «Pero lo peor fue que este recurso no frenó el expediente, se hizo no ha lugar y se continuó. No hubo forma de hacerle entender a la Justicia. El abogado que llevaba el caso se jubiló y vino la joven amiga de Teresita, que argumentó lo mismo. La respuesta de la SCJ fue la misma y se le explicó por qué no se había hecho en ese momento, que era debido a que primero debía expedirse sobre la pobreza, lo que no se podía hacer hasta que no se pagara el impuesto, algo ilógico», enfatizó.

El procurador aclaró que esta segunda parte, o sea, la denuncia penal contra el juez y los ministros de la SCJ, se hizo después del desalojo, al igual que la suspensión de la abogada, y que el «no ha lugar» se confirmó otra vez «debido al corporativismo de la Justicia en este país». «La situación de la Justicia en este país es algo monstruoso», sostuvo.

 

Demanda por U$S 500.000

Con relación al remate en sí y la escrituración a nombre de la fundación compradora de la casa, que es de origen panameño y cuyo procedimiento está prohibido en el país según la normativa que rige en Uruguay, hasta que esta no se inscriba acá y se adecue a la legislación local, Bidegain adelantó que «ellos (la fundación panameña) compraron la propiedad en U$S 32.000 y ahora se está pidiendo U$S 250.000″. «Eso se puede comprobar llamando a la inmobiliaria que la tiene», afirmó.

Debido a esto, Bidegain manifestó que está iniciando, además, una demanda por daños y perjuicios que alcanzará a U$S 500.000, ya que el juez desconoció que es «totalmente ilegal» el documento que le da la propiedad a la fundación extranjera. «El tema es si vivirá Teresita, porque el juicio puede demorar años y con la angustia que tiene adentro…», señaló.

Paralelo a todo, narró el estado en que se encuentra actualmente Teresita Minetti, quien está viviendo con sus perros en la casa de una hermana y que hace unos días, cuando estuvo en su estudio, le adelantó que alquiló «una pieza sin sanitario», ya que la pensión graciable que cobra es de 4 prestaciones mensuales (unos $ 9.000).

El procurador finalizó reafirmando que «lo que hicieron con Teresita fue un atropello, una injusticia y una violación de las leyes de este país, lo que no tiene razón de ser».