Observador internacional informó sobre condiciones en Colonia Berro

El lunes un grupo de observadores de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) visitó las instalaciones de la Colonia Berro del INAU para estudiar la situación en la que los adolescentes privados de su libertad viven en la institución. En una entrevista divulgada ayer por la agencia Voz y Vos, Eric Scottas, el director ejecutivo de la OMCT, señaló avances y obligaciones pendientes del Estado, en cuanto al respeto de los derechos humanos, y en particular de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad.

Según el informe divulgado por Voz y Vos «respecto a su último informe institucional de 2008, se han aumentado las medidas alternativas a la privación de libertad en un 50% y han disminuido las quejas de abusos de funcionarios».

En una entrevista realizada por LA REPUBLICA a Luis Pedernera, coordinador de la CDN, explicó que tras la visita «se percibió en una primera instancia que en las entrevistas realizadas a los internos, no se manifestaron altos niveles de violencia dentro de los centros». Sin embargo «manifestaron altos niveles de malos trato cuando son arrestados por la Policía».

En la conferencia de prensa brindada por los observadores el pasado martes, se informó sobre algunas prácticas de abuso por parte de la Policía a la hora de arrestar a los menores. Un problema común detectado en todos los centros, es la violencia desproporcionada de la Policía durante el arresto, fugas y motines. «Es inaceptable que utilicen técnicas de tortura. La Policía, primero les llevan al médico y luego los agreden», informó Scottas.

 

Condiciones de vida

En cuanto a las condiciones de vida dentro de los centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Scottas, de acuerdo a lo informado por Voz y Vos, señaló que «preocupan las condiciones de detención inaceptables en un país como Uruguay».

Hoy, persisten problemas graves: celdas pequeñas, sucias, frías, sin luz solar, ventanas rotas, goteras, hacinamiento, colchones en el piso. Además «los centros Ser y Piedras están por debajo de los estándares internacionales: Reglas de Beijing, Directrices de Riad, pactos internacionales de Derechos Políticos y Civiles y Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobe los Derechos del Niño».

Por su parte Pedernera dijo que «hay que destacar la intención de las autoridades del INAU por mejorar la situación de los adolescentes privados de libertad» y que «también existe la voluntad de los trabajadores porque la situación se mejore».

Estas condiciones «varían enormemente según la directiva de cada centro. Por ejemplo, en Ser, pasan muchas horas encerrados en celdas bajo llave donde comen y con escasa actividad. Las fugas, son comunes. En Ituzaingó, tienen computación, gimnasio, una quinta, recorren el centro abiertamente y las fugas son escasas».

Pedernera al ser entrevistado por LA REPUBLICA dijo que en el INAU «se percibieron problemas estructurales que hay que atacar con urgencia». Uno de esos problemas «es la ausencia de una propuesta socioeducativa, como plan de trabajo para los internos». Por su parte, Scottas, manifestó la necesidad de un programa único para todos los centros. Pautas claras de trabajo y que los directores sepan qué medidas adoptar. Por ejemplo, definir infracciones y sanciones. También preocupa que, en su mayoría, los adolescentes no conozcan a sus abogados ya que «muchos, los confunden con el juez».

 

Reinserción social

La OMCT subrayó la necesidad de trabajar la reinserción social, un plan de vida del adolescente. Así, se evitaría el reingreso al centro y se prepararía el regreso a la calle. Uruguay aprobó en 2004 el Código de la Niñez y Adolescencia, pero todavía no ha implementado medidas básicas de detención, según las primeras conclusiones.

Se alertó que el Estado «no cumple con la Convención sobre los Derechos del Niño que establece la privación de libertad como último recurso», y que «cada vez son más los adolescentes privados de libertad (unos 300)». También se especificó que «en general, los centros actuales vulneran su dignidad y derechos a la educación, ocio, salud y debido proceso».