El 98% de los menores de edad es defendido por abogados de oficio

«Contar con una adecuada defensa jurídica es un derecho de las personas y es reconocido por tal en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención Internacional de los Derechos del Niño», explica en la quinta página el representante de Unicef Uruguay, Egidio Crotti, en el libro «Infancia y administración de justicia: la importancia de la defensa jurídica», que fue difundido ayer en una jornada de presentación de ponencias y debate en la Dirección Nacional de Defensoría Pública (DNDP).

Según el trabajo que recopila la investigación de varios especialistas en nuestro país, el 98% de los niños y adolescentes intervenidos por la Justicia en diferentes materias es asistido legalmente por defensores públicos.

El defensor público de familia en Montevideo, doctor Carlos Montesano, explica en su informe que «en la gran mayoría de los departamentos esa función ­la de defensa de menores­ queda, casi en forma exclusiva, a cargo del Servicio de Defensoría Pública». Explica que en Montevideo, «si bien los porcentajes son altos, existen otros servicios como las organizaciones no gubernamentales que brindan asesoramiento legal». Lo que queda en debate ­según el profesional­ es «la calidad de esa asistencia».

Según Crotti «el derecho de la defensa de todos los niños y adolescentes implica el pleno reconocimiento de su condición jurídica». Ayer, en la presentación, el representante de Unicef dijo que «muchas veces, la relación de los niños y adolescentes con la Justicia es interpretada como la relación que surge a partir de las infracciones, pero en realidad, la relación debe ser interpretada como la de la garantía y protección de los derechos».

Recomendaciones

El libro recoge presentaciones de defensores de todo el país que cuentan sus experiencias aplicadas sobre el tema. Particularmente se detiene en la situación de varios puntos del interior del país. «En general, tenemos la sensación de que el derecho penal juvenil es visto muchas veces como un proceso de segunda categoría frente al derecho penal de adultos», indican Beatriz Nossar y Carla Piccininno, doctoras en Derecho y Ciencias Sociales y defensoras públicas de Florida.

Las expertas afirman haber observado «ciertas irregularidades» que «en muchos casos implicaron la vulneración del debido proceso legal». Afirman que «el Poder Judicial tiene una asignatura pendiente con el interior del país y es la de dotar a las sedes judiciales de técnicos, psicólogos y psiquiatras infantiles» para «tener así todas las herramientas para la mejor defensa».