Ofrecerán trabajo, vivienda y apoyo social a familias que ocupan fincas

«De noche por acá no se puede pasar». «El edificio de al lado está abandonado, tiene agua en la azotea y mi casa está llena de humedad». «Esta esquina se transformó en una mugre».

Estos son algunos de los comentarios que vecinos de varias zonas de Montevideo, pero particularmente del Centro, Cordón y Ciudad Vieja, lanzan cuando en su zona hay una finca abandonada y más aún cuando la misma es ocupada. Los problemas que ocasionan ambas situaciones son diferentes, pero las dos merecen la atención de los montevideanos y han llegado hasta el correo electrónico, el teléfono y el Facebook del ombudsman de la capital, Fernando Rodríguez.

Con él a la cabeza, meses atrás se comenzó a conformar un grupo interinstitucional de trabajo que también incluye al Ministerio del Interior (particularmente a través de las Mesas Locales de Convivencia y la Policía Comunitaria) debido a los problemas de convivencia y seguridad que pueden ocasionar; la Dirección Nacional de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), el Poder Judicial y la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Buscan acompañar a estas familias mientras se les encuentra una solución habitacional definitiva, porque «de nada sirve desalojarlos si en dos semanas va a pasar lo mismo», afirmó Rodríguez.

Hasta ahora, el grupo se ha concentrado en el desafío de la finca ubicada en Bulevar Artigas y Maldonado, donde funcionaba Comaec. Ha sido la que más exposición pública ha tomado, y también, probablemente la que ha generado más quejas. Según el ombudsman, la labor ­que incluirá, en su momento, el realojo de las familias­ demandará algunos meses más y más tarde, «cuando el trabajo entre todos los organismos se aceite», la experiencia se extenderá a otras fincas. Emblemáticas son las de 18 de Julio y Andes, San José y Florida, Galicia y Hermano Damasceno y Bulevar Artigas y Agraciada. Otras, en la Ciudad Vieja, han sido tapiadas después de que interviniera la Brigada Antinarcóticos, en casos de venta o tráfico de drogas. Sin embargo, «el riesgo de la ocupación siempre está».

 

Con método

Hasta ahora, el defensor del Vecino ha recibido denuncias acerca de 18 fincas abandonadas. Se calcula, según recordó, que existen 40.000 en toda la ciudad, pero no todas ellas generan inconvenientes. «Algunas permanecen sin gente simplemente por una decisión especulativa de sus dueños». Asimismo, no todas están ocupadas. Un ejemplo es el edificio de 18 de Julio y Tacuarembó, a medio construir desde hace muchos años. Aunque en él no vive nadie, los vecinos se quejan porque se inunda y genera humedad. La IMM ha llegado varias veces para solucionar el problema, fumigando los mosquitos, por ejemplo. Sin embargo, las soluciones de fondo faltan.

Por el momento, la Defensoría del Vecino no tiene datos concretos sobre cuántas familias ocupan estas fincas. «Estamos en la etapa de creación de la base de datos. Sobre seis, hemos hecho una investigación profunda, pero en el resto de los casos falta todavía», precisó el ombudsman.

Luego de recibir el reclamo, se analiza y se recaban datos sobre la situación jurídica del edificio, incluyendo cuáles son sus deudas. En el caso de la ex Comaec, las deudas ascendían a U$S 355.000 pero un decreto de la JDM permitió reducir las moras acumuladas a menos de la mitad, «una cifra viable para inversores», afirmó Rodríguez. Se apuesta a la demolición del lugar y una nueva construcción. Ya hay firmas interesadas.

 

Salud y vivienda

La siguiente etapa del plan incluye un acompañamiento de las familias. El Mides, por ejemplo, se acerca para ofrecerles trabajo a los adultos. En tanto, el INAU (con recursos propios y por convenio, junto a la ONG Vida y Educación) participa del acompañamiento familiar, especialmente del que implica a los niños. «Profundizamos el vínculo con las familias y hemos trabajado, en conjunto con otros organismos, sobre sus necesidades y derechos, como la reincorporación de los niños al sistema educativo, la atención en salud y el acompañamiento de los adolescentes. Algunos de estos niños estaban en situación de calle», explicó Elena Antelo, directora de la Región Centro de INAU.

Pero el INAU y el Mides no se limitan a eso: también participan de la búsqueda de «las mejores soluciones habitacionales para cada familia, en la medida que acepten el proyecto», dijo Antelo. Este incluye el trabajo para los padres, el «fortalecimiento de sus roles» y la atención de sus niños. «Claro, cada proyecto es diferente», dijo Antelo.

Por su parte, el director nacional de Vivienda, Américo Rocco, dijo que para este plan se pondrá en funcionamiento el Sistema de Atención Primaria Habitacional, que busca «soluciones provisorias , mientras se preparan las definitivas». En general, luego de estudiar cada caso, se paga el alquiler de una vivienda o pensión durante un período máximo de dos años. Sin embargo, «la vivienda definitiva se puede conseguir antes o en cualquier caso después», dijo Rocco. No obstante, el jerarca admitió desconocer si «todas las familias» en esas condiciones participarán del mismo sistema.

Autoridades del INAU afirmaron que varias «ya aceptaron llegar a acuerdos», aunque el trabajo no es sencillo: muchas de ellas no permanecen demasiado en el mismo lugar.