Crecen hasta 25% empadronamientos en Montevideo: la mayoría son de 0 km

La División Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y los inspectores de tránsito llegaron a un preacuerdo para los cinco puntos planteados en el documento que discutieron en las últimas dos semanas.

Hasta el momento, los funcionarios no iniciaron las tareas de fiscalización de patentes, en reclamo, sobre todo, de mayores garantías legales. Ahora, es inminente que los trabajadores refrenden este acuerdo en una asamblea que realizarán esta semana. Posteriormente, la IMM y Adeom se reunirán en comisión bipartita para firmar el documento. «Acabamos de transmitirle al intendente (Ricardo Ehrlich) la posibilidad de firmar este acuerdo para empezar a fiscalizar lo antes posible», dijo el director de Tránsito de la comuna, Gerardo Urse, poco después de las 16.00 horas de ayer, al salir del despacho del jefe comunal. El inicio del procedimiento comenzaría de inmediato.

Los dos primeros puntos acordados en el documento son el apoyo legal permanente para los inspectores de parte de la comuna, frente posibles incidentes o demandas, y la aprobación total del protocolo de actuación. Este incluye el pedido de las libretas de conducir y de propiedad del vehículo a los conductores que matricularon fuera de Montevideo y la notificación simultánea. El dueño del vehículo dispondrá de 15 días hábiles para pasar por las oficinas municipales de la calle Pedernal, en donde presentará la documentación que avale su residencia fuera de la capital. En caso contrario, podrá reempadronar el vehículo en Montevideo sin costo.

Los otros puntos refieren a la situación laboral de los inspectores en general. Desde hace tiempo, los trabajadores han reclamado mayor seguridad en su labor. Además, solicitaron que se transmitiera al Ministerio del Interior que la Policía estuviera al tanto de su protocolo de actuación, en cualquier circunstancia, y no sólo al fiscalizar patentes. La IMM aceptó la demanda. «Buscamos que los policías conozcan cuál es el procedimiento y sepan discernir si el funcionario actuó de acuerdo a él. A veces, en la comisaría los funcionarios tienen la duda de si la actuación corresponde o no, y eso los demora (a los inspectores), cuando simplemente están cumpliendo su función», dijo Urse. En las comisarías estarán al tanto de que, en caso de ocurrir inconvenientes, los inspectores podrán ir acompañados de un abogado.

 

El procedimiento

Los inspectores saldrán en grupos de trabajo de cuatro o seis personas para realizar la fiscalización de patentes, la que se sumará a sus tareas habituales. Podrán haber puntos concretos de control, anunció Urse, aunque aún no están diseñados.

Si el conductor no regulariza su situación luego de los 15 días hábiles estipulados, se aplicará una multa automáticamente. A partir de entonces, podrá quitársele la chapa y confiscarse el vehículo, según consta en la ley. De cualquier modo, en esta instancia el conductor podrá presentar documentación que actúe como atenuante, al probar que no pudo asistir a las oficinas municipales en los 15 días anteriores o que espera que se le dé la baja en el departamento donde reempadronó. En ocasiones, este trámite demora, por ejemplo porque las comunas no dan la baja a los contribuyentes si deben la Patente de Rodados.

Urse dijo que en ningún momento se planteó que los inspectores cobren por cada notificación. No obstante, si la notificación se convierte en multa, tal como ocurre actualmente con el resto de las sanciones, todos los funcionarios de la División Tránsito cobrarán un porcentaje extra por participación.

 

Más empadronamientos

Urse informó que, respecto a 2009, en enero de 2010 hubo cerca de un 25% más de empadronamientos. En días pico se llegó a 150 por día. Para el jerarca, lo más relevante es que en esta cifra hay una diferencia cualitativa: ahora hay más autos cero kilómetro. «Antes veías muchas motos, por ejemplo», graficó.

No obstante, en la IMM se estima que la cantidad podría ser mucho mayor si el resto de los municipios del país agilizaran los trámites que permiten dar la baja a los contribuyentes para que reempadronen en la capital. «Esperamos que puedan agilizar sus trámites para dar la viabilidad», dijo el jerarca.

La IMM y la comuna canaria elaborarán un procedimiento de fiscalización conjunto, como se había acordado antes del conflicto de los trabajadores.