"Pagamos por una crisis ajena"

Una realidad: de los más de setenta mil uruguayos que hay en España, treinta mil están en Catalunya, y de acuerdo a Correa, esos indicadores han venido oscilando. «La época fuerte fue entre 2002 y 2004, casi el 80% venía sin papeles. En 2005 y 2006 el crecimiento se estabilizó, y en 2007 empezó a decrecer. En 2008 bajó rotundamente y en este momento están llegando por cuentagotas».

«Hay gente que se vuelve, la cosa está difícil y no siempre se es bien recibido como extranjero, más allá de que los uruguayos tenemos buen trato. La inmigración es un fenómeno de permanente sufrimiento, se paga un precio muy alto y hay mucha gente que la pasa mal».

En general, las iniciativas del gobierno uruguayo «han influido poco», dice, aunque «hay dos líneas en la nueva política a partir de este gobierno que han ayudado: una es permitir que la gente regrese con sus pertenencias a un bajo costo, y la otra es la repatriación. Esta equivale al pago del pasaje y se ha aplicado en los últimos tres años».

«Sin embargo, esta gestión demora demasiado tiempo teniendo en cuenta la situación de indigencia de quienes la solicitan».

Consultado acerca de la entrada en vigencia de la nueva ley de Extranjería en España, dijo que «desde su concepción en 1985 la ley ha buscado restringir cada vez más los derechos de los inmigrantes. Lo bueno que se había hecho en la última modificación con la regularización masiva se ha tirado por tierra y ahora han entrado a jugar elementos de interés político y la postura de los partidos es similar». «Hoy los inmigrantes estamos pagando una crisis que no generamos ya que la desocupación es 10 puntos porcentuales más que en los españoles, además de que estamos siendo criminalizados como quienes vienen a quitar trabajo, cuando lo que hicimos fue hacer crecer a este país». En cuanto a las enmiendas más negativas, Correa destacó «la obligatoriedad de tener cinco años de residencia legal para tener derecho a la reagrupación y que además los beneficiados tengan que ser menores a 65 años, así como la ampliación de 45 a 60 días de internación previo a la expulsión son medidas inhumanas». «Además no se ha avanzado en lo que tiene que ver con la visualización de más de un millón de inmigrantes en situación irregular». Rescatable sin embargo resulta que «todos los reagrupados, ya sean cónyuges o hijos mayores de 16 años tendrán permiso de trabajo».

Lamentó asimismo que los colectivos de inmigrantes no hayan tenido ninguna participación en la redacción de esas disposiciones. «Existía un foro de inmigración que dependía de la Secretaría de Inmigración del Ministerio de Trabajo. Eso se ha eliminado de un plumazo con esta nueva ley y se ha instaurado un consejo superior de inmigración integrado por empresarios, sindicatos y el Estado, ya que se supone que los sindicatos deben defender los intereses de los inmigrantes».