Educación de jóvenes y adultos cierra el período con "objetivos cumplidos"

La educación en cárceles se expandió. El Plan de Alfabetización se estableció.

La inserción de jóvenes de contexto crítico a la educación formal comenzó un nuevo camino, y se llegó a puntos del Interior dónde la educación no llegaba. Estos son algunos de los desafíos que, según la DSEA, se alcanzaron en el período 2005-2009 al cierre de la gestión.

Según el informe al que tuvo acceso LA REPUBLICA, «estas metas se traducen en procurar la reinserción educativa de jóvenes y adultos que se encuentran fuera del sistema educativo y en la organización de la educación de esas personas, atendiendo a sus necesidades, intereses y problemas».

Existe acuerdo internacional sobre los objetivos y significados de la educación de adultos. Esta consiste, según la Unesco, en «aquellas actividades educativas ofrecidas en un contexto formal o no formal, que están destinadas a los jóvenes y adultos con objeto de profundizar o reemplazar su educación y formación iniciales».

Dentro de sus metas se encuentran «terminar un determinado nivel de educación formal o capacitación» y «adquirir conocimientos o competencias en un nuevo ámbito». Para el director de la DSEA, Felipe Machín, alguno de estos objetivos «estuvieron cumplidos».

 

Informe

El informe de gestión da a conocer el estado de situación desde el inicio de su gestión, en el año 2005, de la educación de jóvenes y adultos a nivel nacional. Esta área se enfoca en una población vulnerable, que por una razón u otra se alejó del sistema educativo formal. Se explica en el informe que tras varias transformaciones ocurridas en la década de 1990, en el año 2005 «casi la mitad de los alumnos que se atendían en la órbita de la Gerencia de Programas Especiales y Experimentales (tal como se denominaba esta área) lo hacía bajo el régimen de convenios con asociaciones civiles, las cuales solicitaban docentes para realizar sus trabajos».

Sostiene que «cuando asume la actual administración, la cobertura del programa no era nacional y se distribuía en los cursos de adultos e instituciones con convenio, tales como INAU o intendencias y ministerios». Concluye que «el resultado de esa política educativa fue la pérdida de especificidad respecto a la atención de la población objetivo, la nula o escasa visibilidad pública, una superposición de ofertas con el consiguiente derroche de recursos y una oferta estancada en términos de distribución territorial».

 

Plan de alfabetización

El informe repasa que en el actual período se realizaron convenios con intendencias, y en particular resalta el Plan de Alfabetización «En el país de Varela, yo sí puedo», conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que hasta 2009 alfabetizó a 4.905 personas.

Explica que en el plan piloto realizado entre marzo y junio de 2007 participaron 169 personas con 7 maestros.

La primera etapa de generalización se llevó a cabo entre octubre de 2007 y enero de 2008 con 3.195 alumnos y 247 maestros en 115 localidades. La segunda etapa de generalización se realizó entre julio y noviembre de 2008 con 1.023 personas y 115 maestros en 75 localidades. La tercera se desarrolló desde abril de 2009 y contó con 519 participantes y 94 maestros en 52 localidades.

Otro de los programas impulsados fue el Plan Puente, conjuntamente con el Mides. En total atendió a 21.017 adolescentes de 13 a 17 años que no habían terminado la educación primaria y pudieron retomar sus estudios.

El 74,7% (15.692 adolescentes) todavía asistía a la escuela y por tanto poseía un importante problema de rezago escolar. Mientras tanto, el 25,3% restante (5.325) ya había abandonado sus estudios.

El 62,7% de los que abandonaron sin culminar pertenece al Interior y el 37,3% a Montevideo.

También se especificó que se brindaron servicios educativos en 2009 en instituciones del INAU, en Montevideo, en el Hogar Yaguarón y en los departamentos de Salto, Río Negro, Soriano, Cerro Largo, Rocha y Lavalleja.

Según explica el informe, en el caso de la educación en cárceles, en el año 2007 «se aportaron docentes para la alfabetización, la culminación del ciclo primario (educación formal), talleres de expresión y capacitación laboral», de acuerdo a la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario.

En cuanto a la prueba de acreditación de educación primaria, 770 personas aprobaron en el año. De ellas, 220 (28,5%) son de Montevideo y 550 (71,5%) del interior del país. El 32% corresponde a población carcelaria y el 3 % a alumnos con discapacidad acreditada.