"Riesgo de vida" de los niños internados en el CTI

El Espacio Participativo de Usuarios de la Salud presentó ayer de mañana una denuncia ante el Juzgado Penal de 6º Turno, contra la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva (Sunpi).

Diez usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), representantes de la organización, formularon la denuncia contra 93 profesionales que presentaron su renuncia el viernes pasado.

Una de las pruebas que presentaron los denunciantes se refiere a la resolución tomada por los neonatólogos en su última asamblea en la que se resolvió entre otras cosas instrumentar las renuncias.

Pero el punto más cuestionado por los usuarios fue el quinto, que exhorta «a los socios de la Sunpi, a no realizar refuerzos de guardias, en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y de Niños en ninguna institución, pública o privada, que no haya sido asignada con anterioridad al 17/12/2009″.

Sobre este tema los usuarios entienden que la «exhortación excede cualquier potestad funcional o gremial, y configura claramente un abuso de derecho, que tiene por objeto causar daño a los usuarios del sector público».

 

Sin motivo

Los pacientes no entienden el motivo de las renuncias ya que según ellos las exigencias de los neonatólogos fueron atendidas en la reunión que ASSE mantuvo con el SMU.

«No existe justificación alguna dado que las reclamaciones o aspiraciones salariales han sido colmadas y además aceptadas por los propios representantes de la Sunpi, como lo es el SMU», dice la denuncia.

«Consideramos que la medida adoptada podría configurar además el delito de omisión de asistencia», agregan. «Si por decisión gremial todos los denunciados renuncian a sus puestos en ASSE, los niños que actualmente se encuentran internados en el CTI del centro hospitalario Pereira Rossell corren riesgo de vida», aseguran.

 

Renuncia «extorsiva»

Los usuarios aseguran que «la medida adoptada en forma extorsiva tiene consecuencia directa en la salud de los menores», dice el documento presentado ante la Justicia.

La organización pide al juez que disponga «las medidas de urgencia que aseguren la salud y la vida de los niños recién nacidos que actualmente se encuentran internados en los CTI de ASSE».

Uno de los usuarios, Jorge Garín informó a LA REPUBLICA, que todavía no han constatado problemas en la asistencia. Pero que el objetivo de la denuncia es prevenir que suceda alguna desgracia irreparable.

«Seguimos en vigilia, según lo que haga la Sunpi, actuaremos en consecuencia» aseguró. «Queremos que quede un precedente para que esta situación no se repita», sostuvo.

Recordó que en su momento presentaron una denuncia judicial parecida, cuando los anestesistas amenazaron con renunciar en masa, quienes «mejoraron su actitud».

 

Renuncias costosas

En este marco ASSE también presentó ayer una demanda judicial referida a los costos económicos que le ocasionará a la administración el cierre de las camas pediátricas de CTI. Y por ende el «alquiler» de las camas en las instituciones privadas y traslado de los pacientes.

Solamente el costo de las camas es de 1.000 dólares diarios, teniendo en cuenta que 44 plazas van a estar inhabilitadas, el costo para ASSE será de 44.000 dólares diarios, según informó a LA REPUBLICA, el vicepresidente de ASSE, contador Daniel Gestido.

Estos números sin tomar en cuenta el resto del personal médico y no médico asignado a los CTI pediátricos que siguen en sus puestos y el traslado en unidades especializadas de los recién nacidos en estado delicado.

Mientras tanto continuaban las negociaciones entre el SMU y la Sunpi, para encontrar una solución con un convenio que no convence a los neonatólogos.