Reunión. Esta tarde, con representantes del SMU y de ASSE

Neonatólogos optan por dialogar

El presidente de Sunpi, Enrique Di Lucci, dijo ayer a LA REPUBLICA que la reunión prevista para esta tarde «es con el fin de destrabar la situación: esa es nuestra voluntad».

Los médicos neonatólogos reclaman un aumento de salario del 42%, además de mejores condiciones laborales. También que, en caso de no llegar a un acuerdo, se concretará la renuncia masiva de aproximadamente 100 médicos, permaneciendo nada más que 19 de estos especialistas en Salud Pública.

Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se informó el viernes que los especialistas rechazaron una propuesta de ingresos que rondaba los 8.000 pesos por día, puesto que exigen ganar diez mil pesos diarios más viáticos.

«Lo primero de nuestro pedido no es el aumento salarial, lo principal es evitar que los médicos de ASSE se vayan a la salud privada. A modo de ejemplo, de los 15 neonatólogos que trabajaban en Salud Pública en Tacuarembó, sólo quedan seis médicos, el resto se fue», dijo el entrevistado. La meta propuesta es ir equiparando los sueldos de la actividad estatal a los de la actividad privada. «No queremos sacarle nada a la sociedad, queremos ganar lo que nos corresponde», aseguró.

 

Rechazo de medidas

Desde ASSE consideran que los médicos especialistas deben «recapacitar», según comentó Daniel Gestido, vicepresidente de ASSE.

«Primero que nada hay que esperar que recapaciten porque están tomando de rehenes a los niños prematuros de las familias de bajos ingresos, lo que representa al sector más vulnerable de la sociedad», explicó.

Lo que causó más rechazo no fue la renuncia masiva, que en caso de que no se llegue a un acuerdo se concretaría a partir del 31 de diciembre, sino que la exhortación que hicieron a todos los afiliados del Sunpi a que no refuercen el servicio en los CTI privados.

Y es que de concretarse la renuncia, los niños tendrían que ser transferidos a hospitales privados. Es por eso que a nivel de ASSE se comenzó a estudiar la posibilidad de demandar a los renunciantes, en caso de que ese extremo se concretara.

Di Lucci manifestó que el problema de fondo está en la educación, que «no planifica la formación de los profesionales y limita el ingreso para las especializaciones».

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