UNA LEY IMPERFECTA

A pesar de los logros, los integrantes de la comisión subrayaron que plantearán la necesidad de modificar la Ley 17.817. «Debería incluir a más integrantes de la sociedad civil (hoy son tres, más uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de la ANEP, uno del Ministerio del Interior y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, que ejerce la presidencia). Además, los representantes deberían permanecer por más de dos años, que es lo que actualmente se establece, aunque nosotros ya pasamos ese tiempo», explicó el Dr. Ruben Amato.

Desde la comisión también se considera que se requieren mayor autonomía y presupuesto. Asimismo, creen indispensable que se aclare su competencia en temas como el trámite de cambio de nombre. «Dicen que tenemos que hacer un acompañamiento profesional, pero no sabemos en qué consiste. No hablan de asesoramiento, y nosotros somos pocos y honorarios», observó Amato.

Además, sostienen que es indispensable instalar comisiones departamentales, cuya función es establecida de manera «confusa» por la ley. En todo caso, destacan que sólo dos o tres denuncias de las 54 presentadas proceden del Interior, lo que muestra una carencia al respecto. De cualquier modo, precisaron que hoy no podrían atender más denuncias de las que llegan porque no tienen ni integrantes ni presupuesto suficientes.