Acceso a la energía y riesgos por robos de luz preocupan al gobierno

Según el director de la Energía y Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ramón Méndez, «se viene trabajando desde hace un par de años en nuestro país, estudiando el tema energético como una totalidad, lo que significa que no es simplemente tener la mejor energía, más barata, sino que es un tema social».

Explicó que en el mundo entero «hay una enorme desigualdad en el acceso a la energía eléctrica».

Desde las Naciones Unidas se informó este año que la mitad de los habitantes del planeta carece de un servicio de energía limpia. Se estima que unos 2 mil millones de personas no tienen acceso a fuentes que les permitan, por ejemplo, calentar el lugar en el que viven.

Méndez mencionó a LA REPUBLICA este dato, tras presentar públicamente su preocupación en una jornada de inclusión social desde la investigación académica, organizado esta semana por la Universidad de la República (Udelar).

Su interés radica en las condiciones de seguridad de aquellos habitantes que roban energía y que poseen en sus hogares conexiones defectuosas.

Méndez explicó que el gobierno estableció cuatro líneas principales sobre la energía. Una de esas líneas fue la de las garantías a todos los ciudadanos, en el acceso a la energía eléctrica. «Esta línea responde al hecho de considerar al acceso adecuado de energía, como un Derecho Humano más», señaló. Así las se trabaja en conjunto con otras secretarías de Estado ­Desarrollo Social, Salud Pública, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente­ en estrategias de intervención en barrios de contexto crítico.

 

Problemática

Méndez indicó que en el mundo no hay «prácticamente antecedentes de acciones de este tipo, en Latinoamérica casi no los hay y en Uruguay de hecho no lo hay». El jerarca reclamó esta semana que se realicen investigaciones sobre este tema para poder «favorecer una estrategia de intervención».

En tal sentido dijo que «en Uruguay no está estudiado el vínculo entre energía y pobreza, o pobreza e inclusión social».

En mayo de 2008 LA REPUBLICA informó que Uruguay perdía U$S 70 millones anuales por el hurto de energía. En un informe presentado por las autoridades de UTE, se explicaba que el 9% de la energía eléctrica a la que se accede en el territorio nacional es consumida ilegalmente.

Lo más llamativo era que el consumo ilegal se producía principalmente entre los clientes de mayor poder adquisitivo.

El MIEM desde su dirección de Energía, si bien está interesado en solucionar esta situación, a nivel estatal manifiesta la existencia de la inseguridad generada por las malas conexiones a partir del robo energético.

En Uruguay, durante la crisis del año 2002, se multiplicó por cuatro la cantidad de personas que accedían a la energía de forma irregular. Esta tendencia de crecimiento, aumentó los riesgos de accidentes en los hogares.

Si bien no hay estudios precisos, se estima que diariamente ocurren accidentes, tales como incendios u otros, debido a las precarias condiciones de conexión, dada por el robo de energía. Méndez indicó que «fundamentalmente se da en los contextos más críticos, aunque también se da en algunos hogares y comercios».