Intendencia de Maldonado concreta importante gestión

Un total de 285 familias del asentamiento San Antonio V de la ciudad de Maldonado, con 30 años de antigüedad, serán propietarias de los predios que ocupan, tras el acuerdo alcanzado con los dueños y merced a la mediación de la Intendencia de Maldonado.

Cada familia pagará por los terrenos, U$S 6.000 en diez años, mientras que la comuna los subsidiará con U$S 1.500.

Tras varios meses de trabajo y negociación, el intendente municipal Oscar de los Santos resolvió comprar terrenos del fraccionamiento y regularizar el asentamiento San Antonio 5 , padrón Nº 2523, manzana 1347, de la ciudad de Maldonado. «La decisión inicia un rápido proceso que cerrará una problemática de treinta años entre los dueños y los ocupantes del barrio San Antonio 5″, se informó desde el municipio en un comunicado de prensa.

El acta de acuerdo entre la comuna, el apoderado del propietario y representantes de las familias ocupantes del asentamiento San Antonio V, se suscribió el 13 de mayo de este año. En ese acuerdo se establecieron las pautas para dar una solución definitiva a la problemática social y jurídica que se vive allí.

En la oportunidad, se consideró el importante número de asentamientos irregulares que existe en el departamento de Maldonado, muchos de ellos con más de 30 años de conformación, y el interés municipal, fundado en razones sociales, de una política planificada de erradicación de asentamientos irregulares, tendiente a atender las necesidades de regularización habitacional en todo el departamento», se indicó.

El próximo paso es concretar la operación de compra y acordar con los vecinos el reintegro de U$S 6.000 con el mismo criterio empleado para los planes de vivienda de la Intendencia Municipal de Maldonado.

«El gobierno (municipal) facilitó el diálogo y fue garante de un acuerdo, pero éste siempre estuvo entre vecinos y propietarios», explicó el director de Integración y Desarrollo Social del municipio, maestro Gustavo Salaberry. Así definió la tarea municipal que, mediante un subsidio de US$ 1.500 por terreno, puso fin a un largo conflicto entre propietarios y ocupantes en el asentamiento San Antonio 5.

El jerarca explicó que, inicialmente, «los propietarios estaban valorando los terrenos por encima de los U$S 14.000 y los vecinos ofrecían US$ 3.000. En un panorama en el que también había inseguridades sobre la documentación que los propietarios tenían sobre sus terrenos, se fue allanando el camino».