Medidas alternativas a la cárcel resultan eficientes y humanitarias

Desde la JND se trabaja en base a un convenio con la Suprema Corte de Justicia en varios planos, con resultados fructíferos, y la misma valoración puede hacerse respecto del Ministerio del Interior y del Patronato de Encarcelados y Liberados, dijo en la oportunidad el secretario general de esa entidad, Milton Romani.

Participaron el ministro del Interior, Jorge Bruni; el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino; el subsecretario, Ricardo Bernal; el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano; la fiscal en lo penal especializada en Crimen Organizado, Mónica Ferrero; el representante del Centro de Estudios Judiciales, Angel Cal, y la directora del Patronato de Encarcelados y Liberados, Cristina Gil.

Las medidas alternativas son una necesidad no solamente humanitaria sino de buen negocio en materia de inversión del Estado y de inversión en capital humano, sostuvo el secretario general de la JND, quien dijo que la experiencia revela que son «mucho más redituables y eficientes que los sistemas carcelarios de América Latina».

«El objetivo es que nuestra política criminal y nuestro sistema penitenciario aporten en el sentido de un desarrollo humano justo, equilibrado y equitativo, que nos permita vivir en base a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la seguridad pública y a la convivencia», agregó.

Dijo además que si bien la aplicación de las penas alternativas está en manos de los jueces, se debe contar con un patronato o una entidad similar que sea poderoso, con presupuesto y con centros educativos y comunitarios donde se cumplan las penas, al tiempo que destacó que el primer paso en esta materia es el de convencer a la ciudadanía y al sistema político.

Entre 7% y 8% de los reclusos es procesado por la ley de Drogas, dijo, y señaló que hay que despejar datos como los relacionados con el consumo en cárceles y la determinación de cuántos delincuentes están vinculados a delitos relativos a la droga. Destacó que está culminando una encuesta en seis centros carcelarios (con la Dirección de Cárceles y la Facultad de Psicología) que arrojará resultados seguros. «Cuando hablamos de drogas y del delito no hay que mirar solamente a los barrios marginales, también hay que mirar para algunos círculos de poder importantes», añadió, y agregó que se comprobó que las SAFI pueden operar en el narcotráfico.

«Si yo fabrico cuchillos, puede ser que yo no sea responsable de lo que haga luego el cuchillero, pero si yo pongo un cartel que diga ‘fabrico cuchillos para lo que sea’, tengo derecho a pensar que es un mensaje para los cuchilleros», por lo que solicitó el compromiso de todo el sistema político en este tema.