Cooperativa que limpia la IMM gasta lo mismo que percibe de la comuna

La indignación reinaba ayer entre las integrantes de la cooperativa Victoria, encargada de la limpieza del Palacio Municipal, luego de que la edila colorada Cristina Ferro la acusara de «sobrefacturación», en referencia a que «cobra a la IMM $830.900 y paga $452.518 a sus trabajadores» cada mes, según publicó ayer El País.

La edila realizó estas declaraciones luego de que el Departamento de Recursos Humanos de la comuna rindiera cuentas ante la Junta Departamental de Montevideo (JDM) por sus gastos del período 2008.

Desde la Intendencia de Montevideo (IMM) se rechaza que en este caso pueda hablarse de «sobrefacturación». «No se sobrefactura porque hay un cumplimiento de lo establecido por la licitación. La edila Ferro plantea números falsos y hace cuentas equivocadas, pero en todo caso los números son internos: la cooperativa tiene que encargarse de ellos, como en cualquier licitación. Sus decisiones son soberanas», explicó el director de Recursos Humanos de la comuna, Pablo Anzalone. La cooperativa es controlada diariamente por el Servicio de Conservación del Palacio Municipal, que depende del Departamento de Recursos Humanos.

Anzalone recordó también que los servicios que debe ofrecer la cooperativa, de acuerdo a los pliegos licitatorios, incluyen no sólo los recursos humanos, sino también los materiales. Al respecto, el prosecretario de la IMM, Jorge Rodríguez, acotó que en toda licitación «las empresas perciben más de lo que gastan en sueldos porque también tienen que hacer frente a otros desembolsos, desde insumos a seguridad social».

La cooperativa Victoria se formó con las empleadas de la empresa Jackson, después de que ésta cerrara. Durante 2003 funcionó bajo el nombre de Rumbo, y en 2004 se constituyó en cooperativa. La licitación que ganó en la IMM establece que dentro del Palacio Municipal deben desempeñarse 105 trabajadoras, a las que se suman cerca de 20 más que desarrollan sus actividades en otras dependencias comunales, como museos y guarderías.

En 2007 la cooperativa venció la licitación para encargarse de la limpieza del Palacio Municipal, y este año se le renovó «porque existe una total satisfacción con su labor», dijo Anzalone. La licitación podrá volver a renovarse en 2011, esta vez por 4 años, y en 2015 será obligatorio un nuevo llamado.

 

Las facturas

LA REPUBLICA pudo comprobar, a través de todas las facturas y recibos con que cuenta la cooperativa para el período 2008, que existen diferencias con los números que maneja Ferro. El monto que recibe la cooperativa es levemente mayor al indicado ($860.789, incluyendo la factura básica de $674.900 y la paramétrica de $185.889, que se ajusta cada 6 meses, de acuerdo a la variación del IPC), mientras que el dinero que reciben los trabajadores ronda los $400.000 en los meses en que no perciben licencia o aguinaldo. No obstante, la cooperativa no gastó $90.000 mensuales en seguridad social, sino alrededor de $240.000, según verificó LA REPUBLICA.

Estos $240.000 incluyen aproximadamente $50.000 de cuota mutual, $92.000 de aportes jubilatorios (Ferro señala que son $75.000) y $43.000 por seguro de enfermedad. La cooperativa paga al BPS otros $40.000 mensuales gracias a un convenio que firmaron luego de que, al inicio de su gestión, no afrontara los gastos correspondientes. «Al principio, cuando la Intendencia sólo pagaba la factura básica, y no la paramétrica, tuvimos que dejar el BPS para atrás. Después acordamos este convenio que va a vencer en setiembre del 2010″, explicó Luciana Aguinaga, secretaria de la cooperativa.

Victoria también aporta a la DGI cerca de $200.000 mensuales (a veces pueden ser menos, $180.000, de acuerdo a los recibos) y otros $49.000 al Banco de Seguros del Estado. Por último, invierten en insumos (productos de limpieza, sobre todo) entre $50.000 y $60.000 mensuales. «Y a eso hay que sumarle el gasto en la maquinaria. No pasa todos los meses, pero a veces hay que comprar máquinas que cuestan U$S 280″, dijo Miriam Rodríguez, representante de la cooperativa ante los clientes. En algunas ocasiones, además, pagan a un electricista $2.000 por revisar todos los aparatos y corregir sus fallas.

Una suma rápida muestra que, cada mes, la cooperativa gasta cerca de $940.000, bastante más que los $860.000 que percibe. Los montos son aún mayores cuando se deben liquidar aguinaldos o licencias. De acuerdo a los documentos del BPS de diciembre de 2008, a los que accedió LA REPUBLICA, ese mes pagaron $803.402,21 entre salarios y seguridad social. «En esos casos hemos recibido ayuda de la Federación de Cooperativas y del Fondo Sendic, y eso es porque nos hemos manejado siempre de manera transparente. Hasta nos han devuelto intereses por pagar antes de tiempo», dijo Rodríguez.

La pregunta resultó evidente: ¿cómo pueden afrontar gastos fijos superiores a lo que perciben de su principal cliente, la IMM? Las cooperativistas señalaron que lo consiguen a través de las permanentes licitaciones que se abren en otros servicios de la comuna. En diciembre de 2008, por ejemplo, obtuvieron por este concepto $32.049 de su labor en la Guardería Municipal, $14.800 del Espacio Barradas, $7.198 de la División Turismo y $34.843 de la Casa de la Cultura. Sin embargo, estos montos son sumamente variables, ya que «dependen de las necesidades de cada servicio», explicaron las trabajadoras. «Hay meses mejores y peores, y competimos con otras empresas», concluyeron.

Las trabajadoras aseguran que ganan «lo justo» para salir adelante. «Somos todos dueños, la mayoría jefas de hogar. Si no luchamos, nos perjudicamos todos», afirmó Aguinaga. Por eso, las integrantes de la directiva aseguran que, cuando la situación financiera se complica, ellas mismas cubren a otras compañeras en las tareas de limpieza.

 

Indignación

Tanto Anzalone como las trabajadoras manifestaron su molestia ante las declaraciones de la edila Cristina Ferro. El jerarca sostuvo que manejó los números «con irresponsabilidad», mientras las trabajadoras indicaron que las «perjudicó». «Estábamos prontas para presentarnos a una licitación de Primaria, pero ahora lo estamos pensando, porque tenemos miedo de que esto nos reste puntos», dijo una de las integrantes de la directiva.

«Es totalmente injusto. Me parece muy bien que se investiguen los posibles casos de corrupción, porque para eso está la Junta Departamental, pero esto es proselitismo puro. La edila se arrogó el derecho de hacer acusaciones infundadas, sin importarle que acá hay 130 familias que están peleando el día a día», dijo Rodríguez, secundada por el directorio de la cooperativa.

Ahora, las trabajadoras solicitaron a la Comisión de Hacienda de la JDM que les permita mostrar su documentación en regla. Extraoficialmente, ya recibieron una respuesta afirmativa.