TIENE LA PALABRA

Los gobiernos cambian pero la rapiña sigue en pie

Señor Director de LA REPUBLICA Dr. Federico Fasano Mertens

Desde 1990, año en el que comenzó a recrudecer la violencia, los ministros de Interior impulsaron planes que no surtieron efecto.

A partir de la apertura democrática (1985), la violencia delictiva ha registrado un constante incremento.

Sin embargo, las cifras demuestran que la violencia comenzó a hacerse sentir con mayor fuerza a partir de 1990 cuando el delito de rapiña comenzó a primar en las estadísticas y la violencia delictiva se transformó en un hecho corriente.

La situación se agravó a partir del año 2000 con la salida a escena de la pasta base, droga que en plena crisis y por su bajo costo, pasó a ser la predilecta de los sectores sociales empobrecidos.

La sustancia además provocó un profundo cambio en la acción delictiva ya que desde ese entonces a un delincuente le da lo mismo rapiñar con violencia por apenas $ 30 o $ 50, suficientes para la dosis diaria.

Con este escenario, los códigos delictivos dejaron de existir al punto tal que se roba o se rapiña con violencia y saña a un familiar directo, a una embarazada, un anciano, un discapacitado, un niño de 10 años o a un policía.

Aquel innegociable código de «no robar en el barrio» dejó de existir desde hace más de una década.

Para contrarrestar esa situación y en especial el delito más sensible a la sociedad -la rapiña-, los gobiernos de turno han empleado diversas estrategias que van desde cambios en el marco jurídico hasta el plano operativo.

Pero la rapiña sigue en pie en especial en la capital del país ya que 80% de las denuncias por ese delito se producen en Montevideo, seguido muy atrás por Canelones. Entre ambos departamentos monopolizan este violento delito, eje de los reclamos de los vecinos y motivo de campaña electoral.

La mano dura, la represión, un mayor rigor de las penas, cambios en las estrategias policiales, creación de nuevas unidades policiales, modificaciones sustanciales en la operativa policial y otras alternativas han salido a escena en los últimos 15 años con el eslógan «erradicar la violencia y las rapiñas» y sin embargo, el delito sigue tan vigente y listo a cumplir sus dos primeras décadas instalado en la sociedad montevideana.

 

Plan actual

A punto de cumplir un año, el Plan Integral de Seguridad creado por la ex ministra de Interior, Daisy Tourné, tuvo como novedad la inclusión de la seguridad como tema de Estado. Por primera vez ministros de varias carteras se reunieron varias veces para trabajar en apoyo de su par del Interior.

En el plano ejecutivo, el Plan «Tourné» incluyó más policías en la calle y especificación de tareas. Es decir, por un lado la tarea de neto corte preventivo y, por otro, la de investigación.

A casi un año de su puesta en marcha, el dispositivo desplegado en Montevideo destaca por un dato elocuente: el promedio de personas procesadas con prisión supera largamente los 200. Una cifra que no dice mucho excepto si se toma en cuenta que antes de la implementación de este dispositivo, se procesaban 60 por mes.

Un resultado que trajo aparejado otro grave problema: el hacinamiento carcelario.

Pero, ¿qué pasó con las rapiñas? Los datos indican que en el primer semestre de 2009, el delito alcanzó su menor crecimiento histórico. Pero siguió creciendo. En Montevideo el volumen fue del 4% y para todo Uruguay 3,4%. Se frena, pero igual crece.

 

Mirando hacia atrás

Según las cifras que lleva el Ministerio del Interior a través del Observatorio de Criminología, el mayor incremento de la rapiña se produjo entre 1990 y 2000 con porcentajes que oscilaron entre 50% y 74%.

Ni la «mano dura» de la administración de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) ni el endurecimiento de las penas durante el mandato de Julio M. Sanguinetti (1995-2000) desanimaron a los rapiñeros.

Tampoco lo lograron las diversas estrategias policiales, nuevas unidades policiales ni un cambio radical en la operativa policial como fue la creación de Los Distritos en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), que de un plumazo borraron a las Seccionales y que el ministro José Díaz (2005) restituyó en menos de un mes recobrando el comisario su rol protagónico en el barrio.

Aunque en menor porcentaje, la rapiña siguió en pie cerrando la última administración colorada con un aumento del 23%. Pero comerciantes asesinados a manos de la creciente violencia además de los sacudones sociales cuando las víctimas fueron obreros del transporte, generaron más de un dolor de cabeza al entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling, quien pese a las cifras poco alentadoras, le puso el pecho a la violencia durante los dos últimos períodos de gobierno colorado.

En resumen, entre los años 1990 y 2008, fueron cuatro los planes de contingencia que los ministros de Interior de turno desplegaron para torcerle el cuello a las cifras de las rapiñas, algo que si bien se ha contenido, sigue creciendo.

 

Apuesta a futuro

El partido de gobierno y la oposición blanca han cruzado cuestionamientos sobre la seguridad y desde sus tolderías se anuncian soluciones salvadoras para bajar de una vez por todas lo que en 16 años ­como demuestran las cifras­ ha sido un imposible.

Desde filas blancas se reafirma la idea del candidato a vice, Jorge Larrañaga, de instalar la Guardia Nacional Republicana que originalmente involucraba a 12.000 efectivos del Ejército en el tema seguridad. Una alternativa a la que la Policía, en especial la oficialidad, se pronunció activamente en contra principalmente desde el Círculo Policial del Uruguay. Ahora se habla de la Guardia Nacional Republicana que se traduce en transferir 2.000 vacantes del Ministerio de Defensa al de Interior para el ingreso de nuevos policías que irán a reforzar la ya existente Guardia Republicana.

También y desde filas blancas y coloradas se impulsa bajar la edad para juzgar a los menores infractores vinculados a hechos delictivos.

Por su parte, el FA pretende mantener el Plan Integral de Seguridad lanzado en octubre de 2008 pero profundizar algunas estrategias, en especial aquellas orientadas a la reinserción de los presos, tratamiento de adictos y capacitación policial. Pero más que nada, seguir la línea trazada por Tourné en el sentido de trabajar la seguridad pública como un tema de Estado. Desde el FA se reconoce que en la materia «se hizo mucho pero hay que hacer más». Saludos.

HAYDEE GARCIA