Escrito por: Victoria Alfaro

José Imaz es miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) en Uruguay y participa de la radio comunitaria “La Cotorra”, del Cerro en Montevideo.
Imaz indicó a LA REPUBLICA que la gran mayoría de las radios sin permiso que se presentaron al censo, “no son emprendimientos comunitarios, de repente es gente de muy buena voluntad, que le gusta la comunicación y la radio, pero que no reúne las condiciones”.
Un emprendimiento comunitario tiene que tener una relación con la comunidad, no sólo por vía de la onda, sino que debe participar de su mismo entorno, vinculado a las distintas organizaciones del medio.
“Somos una organización que participa en actividades de la comunidad. Participamos en Cerro Cultural, que ha hecho las peatonales del Cerro. Para que sea también un destino turístico”, explicó Imaz.
“La Cotorra” tiene casi 10 años de existencia en el Cerro, y su dinámica exige la participación de alrededor de 30 personas, aunque no siempre en forma activa, en general se va rotando según el tiempo libre de cada uno.
“La ley de radios comunitarias (Nº 18.232) nos ha cambiado. Viene otra etapa que significa cómo hacemos sustentables todos estos proyectos y además cumplimos con un montón de obligaciones (BPS, DGI, entre otros) que antes no teníamos”, dijo el entrevistado.
“Es un gran desafío para las radios comunitarias, lograr la sustentabilidad. Seguramente eso va a hacer que las emisoras sigan o no sigan”, dijo el militante social.
En este marco es que Amarc se encuentra realizando varios trabajos en torno a la sustentabilidad de las radios en todos los aspectos. “Lograr que los proyectos se afirmen y crezcan”, comentó el entrevistado.
Antes de la legalización de las radios comunitarias, había en el país, según un estudio de Amarc, alrededor de 250 emisoras. Después de la ley y en el marco del censo que se viene realizando, se presentaron 400 emisoras.
“Ese fenómeno está vigente y se siguen abriendo radios sin permiso”, aseguró Imaz. “No son radios piratas, más bien son sin permiso”, agregó.
Imaz reconoce que es perjudicial para el desarrollo de las radios comunitarias, porque la mayoría son emprendimientos comerciales y generan varios problemas.
Al gobierno le causan dificultades para su control, ya que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) tiene solamente dos camiones de monitoreo para todo el país. Por otra parte “se desvirtúa lo que es una radio comunitaria, ahora parece que todas son comunitarias, eso genera confusión y es malo”, aseguró.
LA REPUBLICA se comunicó con el director de una de las dos radios comunitarias autorizadas de Tacuarembó, Radio Integración FM 95.5, Raúl Castelli. Se estima que en ese departamento funcionan unas 40 radios no autorizadas. Más de 20 fueron intimadas a cerrar por la Ursec, pero cerraron un día y al otro estaban emitiendo nuevamente.
“Nuestro departamento es muy especial porque tenemos vocación por la radio”, indicó Castelli. “Sin embargo hay tres radios cuya finalidad claramente no es comunitaria”, agregó.
Castelli se refiere a la radio “Reconquista”, que tiene “un lenguaje soez, de malas palabras constantes, pregonando la candidatura del dueño, ofreciendo cargos en forma indiscriminada en los entes del Estado”.
La otra radio es “Cimarrón”, que según Castelli responde a un sector del gobierno nacional y que nunca acató la resolución de la Ursec de cierre, siendo un mal ejemplo para las demás. “La otra radio se llama ‘Del otro lado del puente’ y responde al gobierno departamental”.
“Esta situación es única en el país porque en el resto de los departamento las radios en su gran mayoría acataron la resolución de la Ursec”, indicó.
Integración tiene 40 km de alcance, fue creada por una ONG, e integrada por 10 personas de diversos ámbitos del departamento y tiene dos años al aire en forma ininterrumpida.
Las mayores dificultades que atraviesa son las interferencias técnicas por la gran cantidad de radios que hay.
También tiene problemas económicos porque solamente se puede vender para el mantenimiento de la radio. “Es imposible tener personal, no hemos podido transformarla en una fuente de trabajo digna. Tenemos 10 colaboradores y programas muy buenos con contenido social”, informó.
“Hemos tenido experiencias muy lindas con los alumnos del Liceo Nº 2 y de organizaciones de todo tipo: PITCNT, comisiones barriales. No tenemos fines de lucro y le damos cabida a todas las voces”, agregó.
“Esta explosión de medios sin permiso genera situaciones de desconformidad de los medios comerciales”, aseguró Imaz. “Durante mucho tiempo se era muy respetuoso para no tapar a las radios comerciales, ni tampoco a otras emisoras comunitarias. Ahora se da un fenómeno distinto: yo me coloco acá y me importa un rábano si jodo a alguien”, agregó.
Otro fenómeno que preocupa es la gran potencia que tienen varias de las nuevas radios que, en zonas muy pobladas como Montevideo y la Costa de Oro, son un verdadero problema para la calidad de la emisión.
“Las soluciones están en manos de la administración, esperamos que el censo se termine lo más pronto posible y podamos hacer nuevos llamados”, indicó Imaz.
La situación es compleja porque las emisoras rechazadas pueden recurrir a la decisión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y es así como se enlentece el trabajo de selección y aprobación de las verdaderas radios comunitarias.
“Todavía no tenemos reglamentada la ley; hay un artículo donde se menciona que quienes pueden hacer una radio comunitaria son asociaciones civiles o ‘grupos de personas’, que puede ser interpretado de cualquier forma”, lamentó.
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