El Defensor se defiende: "Me duele que digan que tengo participación política"

En su despacho de la Ciudad Vieja, el psicólogo social Fernando Rodríguez habló de su relación con la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental, a la que calificó de respetuosa y correcta.

 

-¿Cuál es la función del Defensor del Vecino?

-Debemos ubicar la Defensoría del Vecino como la primera institución dentro del marco jurídico del instituto del ómbudsman, aunque el Comisionado Parlamentario tiene un marco jurídico similar: la defensa de derechos, en su caso de una población específica, la carcelaria. Tiene carácter técnico, la defensa y promoción de derechos ciudadanos, pero siempre con una mirada especializada hacia las políticas públicas, en el entendido de que el Estado tiene tres grandes responsabilidades: respetar los derechos ciudadanos, garantizarlos y satisfacerlos. Por eso, los presupuestos municipales tienen que ser elaborados en clave de derechos humanos.

El Estado es un mecanismo complejo. Por más moderno que sea, no tiene otro objetivo que no sea el bienestar de la sociedad. Si tiene otro objetivo, es porque se está desviando de su razón de ser. Pero como es un mecanismo complejo, tiene disfuncionalidades. Ahora bien, le cuesta mucho mirarse a sí mismo y ver estos errores, como una oficina que funciona mal, o una resolución municipal que no se cumple y mucho más le cuesta corregirlos. El Defensor del Vecino recoge la voz de alerta de los vecinos. Todo mal funcionamiento del Estado vulnera algún derecho.

 

-Desde el momento que se creó esta figura, algunos sostuvieron que era un eslabón más de la burocracia, ya que correspondería al Estado subsanar sus errores por sí mismo. ¿El Estado no tiene esa capacidad? ¿Por qué pagar un sueldo más?

-Los suecos, que pertenecen, junto a Dinamarca o Finlandia, a una de las democracias al servicio de la ciudadanía más desarrolladas, en el año 1809 se dieron cuenta de que el Estado necesita un observador externo, independiente desde el punto de vista político y administrativo. Toda democracia moderna tiene un Defensor del Pueblo. En muchos países la sociedad civil lo ha visto como un aliado para que el Estado esté cada vez más al servicio de los derechos humanos.

 

-¿Considera que acá la población se ha apropiado de esa posibilidad?

-Yo creo que se viene apropiando. En estos dos años y medio hemos tenido contacto con unas entre 4.500 y 5.000 expresiones de reclamo, a veces denunciando y a veces pidiendo asesoramiento. Esos 4.500 contactos directos representan, en términos de población, a unos 25.000 ciudadanos, porque muchos reclamos son colectivos. Yo siempre dije que acepté ser Defensor del Vecino porque, entre otras cosas, Montevideo tiene un proceso de descentralización que incluye la participación ciudadana en el seguimiento de las políticas municipales. Existen los concejos vecinales. Yo siempre digo: la mejor defensa de los derechos es la que hacen los vecinos. Lo que pasa es que muchas veces no logran impactar en el Estado, no por falta de capacidad, sino por falta de apertura del Estado. El Defensor del Vecino tiene competencias para abrir el Estado e indagar; es un puente. Siempre sumando; nunca sustituyendo. Tabajamos en la transparencia de las políticas públicas, porque lo pide el decreto (30.592). El Defensor del Vecino nunca trabaja solo. Lo que hacemos es recibir el reclamo, analizarlo e identificar, en la sociedad académica, civil y el propio Estado, cuáles son los interlocutores para fortalecer el accionar.

 

-Usted ha declarado que su objetivo es que, con el tiempo, la función de promoción y educación derechos desplace a la de atención de reclamos. Sin embargo, leyendo los informes da la sensación de que el énfasis sigue siendo el mismo. ¿Se ha logrado esa meta?

-Cuando yo presenté mi candidatura como Defensor del Vecino, presenté también un organigrama de cómo pensaba el funcionamiento de la Defensoría, con un área de promoción y educación en derechos ciudadanos. Ese era un horizonte. La fuente para promover derechos son los reclamos, porque nos dan una mirada de cuál es el universo de los más vulnerados. ¿Por qué nos metimos a discutir el tema de la Patente de Rodados? Porque lo trajeron los vecinos. Podíamos tener la sensación de que había un problema, pero quienes lo confirmaron fueron ellos.

Trabajamos el tema de la contaminación acústica. Si una persona nunca vivió en una casa que tuviera al lado un club, una empresa o un tablado, lo más probable es que no perciba qué implica no dormir por muchas noches. La Defensoría tiene una estructura bastante pensada, con un buen nivel de recursos, para gestionar el reclamo.

Ahora estamos necesitando una estructura, que estamos diseñando y que muy probablemente pondremos en funcionamiento en el último trimestre de este año, para fortalecer el área de promoción de derechos.

Ya lo estamos haciendo con algunos temas, como el síndrome de Diógenes, las personas que acumulan basura, junto a otros organismos y comisiones de la Junta Departamental.

 

-Justamente, entre otras críticas hacia su rol que surgieron de parte de algunos ediles, se mencionó que sustituye el trabajo de las comisiones de la Junta Departamental. Al comienzo hizo hincapié en que el Defensor del Vecino debe sumar, y nunca sustituir. ¿Qué tiene para decir al respecto?

-Que con la Junta hemos tenido 8 o 9 instancias formales en el 2008. En el 100% de los pedidos he sido recibido. De esas instancias ha surgido un diálogo, no siempre coincidente, pero sí con altura y rico. Las bancadas de todos los partidos políticos han sido respetuosas con la figura del Defensor del Vecino. Algunas expresiones individuales quedan en el plano de lo individual. Yo no he tenido oficialmente, con los tres partidos políticos, ningún nivel de desacuerdo mal planteado. La Junta fue la que creó la Defensoría del Vecino, y es la que la sustenta desde el punto de vista económico y hasta edilicio, pero eso no genera un nivel de autoridad. Porque los mismos ediles, conscientes de que esto es un riesgo, incluyeron, en el artículo séptimo del decreto, que el Defensor del Vecino no recibirá instrucción de ninguna autoridad.

La tarea fundamental de la Junta Departamental es legislar, por lo tanto jamás podremos sustituirla. Lo que ha pasado en algunos casos es que un grupo de vecinos nos trae un tema, que según ellos vulnera sus derechos, y observamos que ha sido discutido en la Intendencia, en un centro comunal, en una comisión de la Junta. Hemos hecho recomendaciones si consideramos que cada una de las instancias del gobierno departamental se toma tiempos excesivos y esto vulnera derechos. Pero una recomendación no implica que una comisión determinada deje de estudiar un tema. Puede superar el nivel de análisis del Defensor del Vecino y hacer una recomendación totalmente contraria.

Mi trabajo no inhibe para nada el trabajo de la Junta o de los concejos vecinales; es un aporte más, que es calificado, en el sentido de que proviene de el único organismo especializado en promoción de derechos. Los ediles también promueven derechos, los concejos vecinales también, pero nosotros tenemos una mirada especializada.

 

-Algunos ediles han hablado de que ostenta algunos privilegios, como la utilización del vehículo de la Junta. Lo han definido como «el edil 32, pero con sueldo». ¿Qué responde?

-La Junta, cuando crea la figura del Defensor del Vecino, asume el compromiso de sostenerla. Por ejemplo, define el local donde la Defensoría va a funcionar y repara ese local, que estaba abandonado. Ofrece al Defensor del Vecino sus servicios de locomoción para que se desplace por Montevideo y desarrolle su trabajo. Yo no tengo posibilidad de usar nada de la Junta si no estoy estrictamente autorizado. El decreto 30.592, que instituye la figura del Defensor del Vecino, en uno de sus artículos establece que el gobierno departamental deberá colaborar con él. Y lo ha hecho en todo lo que ha necesitado. Yo siento que la vi
nculación, el diálogo y la colaboración que la Junta Departamental ha desarrollado con el Defensor del Vecino está acorde con el compromiso democrático que asumió con esta figura.

Desde la Junta Departamental no he tenido ninguna crítica formal e institucional. Tiene la obligación y el compromiso de velar porque el Defensor del Vecino esté cumpliendo estrictamente con el decreto, que establece, en principio, un trabajo sobre promoción de derechos en el departamento de Montevideo. Después agrega que trabajará para el mejor cumplimiento de los servicios municipales. O sea que pone primero a la persona como foco de nuestra competencia, y después a las políticas. Hay una exclusión, que es que yo no puedo intervenir en la relación de los funcionarios y la administración.

 

-También han criticado sus comentarios sobre leyes nacionales. Han señalado que se extralimita en sus funciones.

-Si hay algo que viene de afuera del departamento, por ejemplo del ámbito nacional, que afecta los derechos humanos de los montevideanos, yo debo actuar. No es que puedo: debo. El decreto me obliga a actuar en defensa de los derechos humanos de los montevideanos, independientemente de dónde venga la vulneración, según el artículo segundo y el octavo. Podríamos extralimitarnos si vamos a San José a defender a un maragato, pero no lo hemos hecho. El viernes 3 de julio el área jurídica de la Defensoría y el Consejo Consultivo hizo un análisis de nuestra actuación. Habiendo escuchado este concepto de la extralimitación, celoso de asesorarnos, su conclusión fue que nada de nuestra actuación ha incumplido con el decreto que la rige.

-Antes mencionó la importancia de la independencia del Defensor del Vecino. Su candidatura fue propuesta por la Vertiente Artiguista, y han surgido voces respecto a que usted tiene intereses políticos. ¿Eso es verdad?

-Si bien de alguna manera hubo una presentación a través de un edil de la Vertiente Artiguista, yo tuve un muy fuerte apoyo de la Asociación Nacional de ONG (Anong) y de otros organismos sociales, porque mi militancia en los últimos 20 años fue social. Me formé en psicología social y volqué toda mi formación en la militancia social. Soy cristiano, trabajé desde la iglesia cristiana y desde las ONG. Fui presidente de Anong. Cuando este grupo me propuso, no lo hizo porque me conocían como militante político, porque podía ser un desastre (sonríe). ¿Por qué se me vincula ahora? Yo no lo entiendo. Lo que sí puedo garantizar a toda la ciudadanía es que, desde el momento en que llegué acá, jamás pisé un ámbito político-partidario. Estoy en el despacho de varios ediles de todos los partidos políticos, en la medida en que presiden comisiones, para agendar una reunión, por ejemplo. Y ediles de todos los partidos han venido a esta oficina, a veces a preguntarme cosas, a veces a criticarme, a veces a proponerme. Quiero en esto ser muy claro. Cuando se hacen estas cosas me duele mucho, en lo personal. He construido un esquema de valor en donde la ética es la madre. Me parece que un Defensor del Pueblo de ese valor no puede desprenderse jamás. Y hay un gran valor dentro de la ética de un Defensor del Pueblo, que es la independencia de lo político, de lo empresarial o de todo lo que pueda coartarla. Pero de lo político-partidario fundamentalmente, porque estamos en una sociedad hiperpolitizada; hiperpartidizada, diría. Me duele, porque nadie puede comprobar ningún elemento que permita apenas sospechar que yo tenga alguna participación política. Enfáticamente y con mayúsculas, no la tengo y no la voy a tener. El único interés que tengo para estos 6 años es dejar consolidada una institución al servicio de los vecinos. Por lo tanto, no me gusta que livianamente haya un ataque a mi persona. Si lo hay tendría que haber pruebas arriba de la mesa, y es seguro que no las hay. El día que no pueda ser independiente yo tomo la iniciativa de no estar más acá.

 

-Se lo ha tachado de excesivamente crítico, pero también, en las antípodas, de excesivamente mediático y demagogo. ¿Se siente así?

-Se habla de la demagogia porque trabajo temas sensibles para la población. Cuando viene un vecino a decir que quiere pagar la Contribución Inmobiliaria y saldar su deuda, tiene un ingreso de 8.000 pesos y la Intendencia le fija una cuota de 14.000, y eso te lo dice llorando, es un tema sensible para la población. Ahora, ¿por eso yo no tengo que trabajarlo y ponerlo en el informe? ¿Y la prensa no tiene que difundir que yo estoy diciendo que a la Intendencia le falta un sistema para negociar caso a caso el tema de las deudas, para personas que no pueden entrar a los procesos de refinanciación que ha habido? ¿No es sensible que un vecino no puede dormir por muchas noches porque tiene un pub al lado de su casa y la Intendencia no lo sanciona? Para no hablar de temas sensibles, yo tendría que no hablar. ¿Por qué nosotros tenemos contacto con la prensa? En principio porque nos busca. Nunca le pedimos a un periodista una nota. Sí les hemos dicho, y en algún momento te va a tocar: «No, de ese tema no tenemos seguridad, lo estamos estudiando y no sabemos qué decir». Diría que la mitad de las entrevistas, o por lo menos un 30%, las rechazamos y le pedimos al periodista que llame cuando hayamos estudiado el tema. Pero además, el hecho de tener contacto con los medios sirve para difundir lo que hacemos, para que los vecinos nos conozcan y evalúen. Es un componente de transparencia.