Cuando lo que importa es cómo se gasta y se mide en resultados

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), división estatal creada por el Frente Amplio, modificó desde 2005 la inversión social en el país. Redistribuyó gastos, ponderó resultados del dinero invertido y estableció como prioridad acciones en hogares donde viven niños y adolescentes en situación de pobreza, rubros en los que se triplicó la inversión.

 

Redistribución

La preocupación por la inversión social ha sido un factor que ha caracterizado a los gobiernos nacionales en las últimas décadas, sin embargo los indicadores que reflejan la cantidad de personas bajo el nivel de pobreza no evolucionaron en consonancia.

Ante esta realidad, responsables del Mides optaron por cambiar la modalidad de trabajo y modificar las pautas de la inversión: en lugar de destinar más gasto, hacerlo de la mejor manera.

«El gasto público social en Uruguay ha crecido desde los 90 hasta ahora, porque el Estado nunca ha dejado de invertir. Lo que sí cambió en este período de gobierno es en qué se gasta, cómo se gasta y cuáles son los resultados que se tienen de la inversión hecha en materia de políticas sociales», dijo a LA REPUBLICA el sociólogo Milton Silveira, director de la División de Monitoreo del Mides.

Indicó que desde la reapertura democrática (1985) el gasto social en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) se ha mantenido estable, promediando los 23 puntos y destacó que ese registro «es de los más altos de la región junto con Cuba, Argentina, Chile, Panamá y Costa Rica».

 

Focos de interés

Salud, educación (primaria, enseñanza media y terciaria, formación docente, educación no formal), seguridad y asistencia social, vivienda y servicios comunitarios incluyen el conjunto de rubros que hacen a la inversión social.

«De 1990 al 2005 hubo un crecimiento significativo en seguridad social, lo que permitió una reducción significativa de la incidencia de la pobreza en adultos mayores», explicó Silveira. Recordó que al principio de ese proceso se manejaban indicadores por encima del 30% que han ido bajando a menos de 10%. «Sin embargo, en los últimos años, hubo una desatención muy importante que llevó a que los más vulnerables sean los hogares que tienen niños y adolescentes. Ahí la incidencia de la pobreza fue mayor, a pesar del crecimiento del gasto público que se registra desde los noventa», añadió.

Explicó que en esa área se pone de manifiesto la orientación de las políticas sociales, y fue allí donde el actual gobierno dispuso concentrar allí la aplicación de los recursos, de tal manera que se llegó a triplicar el monto en salud y educación, rubros donde los principales beneficiarios son los más jóvenes.

«Asimismo el incremento del gasto social ha ido acompañado de una mejor definición de cuáles eran las políticas públicas que teníamos que llevar adelante», dijo el entrevistado. Por este motivo el crecimiento del gasto en seguridad social ha ido logrando mejores resultados por efecto de una aplicación más certera.

«Hoy en día estamos más preparados para enfrentar una eventual crisis económica, no sólo por la estabilidad fiscal que tiene el país, sino también porque se invirtió en la formación de la gente, en la calidad de vida de las personas; factor clave para cualquier política de desarrollo económico», puntualizó.

 

Trabajo conjunto

A fines del mes anterior, un trabajo conjunto entre el Mides y la Universidad de la República, que lleva por título «Repertorio de Políticas Sociales», evaluó el funcionamiento del sistema de protección social, a nivel estatal y municipal.

En la oportunidad se puso en evidencia que todavía hay superposición de prestaciones y en ese sentido la ministra Marina Arismendi destacó la importancia de una herramienta como el Observatorio Social de la secretaría de Estado.

Señaló que se trata de un instrumento para relevar información del contexto social y económico del país y que está compuesto por dos secciones: el Sistema de Indicadores Sociales y el Repertorio de Programas Sociales. Ambas secciones aportan los insumos necesarios para la toma de decisiones en materia de políticas sociales que apuntan a hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.

Dijo también en esa ocasión que «el Estado uruguayo históricamente ha mantenido todos los proyectos sociales que se pusieron en práctica a lo largo de los años sin evaluar su eficacia. Por esta razón, este monitoreo que se realiza a nivel nacional y municipal, saca a la luz todas las iniciativas existentes destinadas a lo social y permite analizarlas».