El Nogaró cambia de "look"

En medio de algunas opiniones encontradas, acaba de suscribirse un acuerdo que establece el funcionamiento mixto entre el Casino Nogaró (propiedad del Estado) y la firma Vidaplan SA.

La histórica sala, ubicada en la parada «cero» de Punta del Este, será totalmente refaccionada para ofrecer una importante cantidad de servicios que van más allá de los clásicos juegos de azar.

Acaba de suscribirse un acuerdo por el cual el histórico Casino Nogaró de Punta del Este operará en el futuro mediante un sistema mixto entre el Estado y la firma Vidaplan SA.

El director nacional de Casinos, Fernando Nopitsch, anunció que durante el desarrollo de las obras la sala permanecerá cerrada al público.

Uno de los representantes de los inversores, el contador Jorge De León Meneses, expresó su alegría por la firma del acuerdo, convencido de que el proyecto será muy beneficioso para Punta del Este.

Durante el acta de firma del convenio estaban presentes autoridades políticas y además la familia Sagasti, propietaria del inmueble. Precisamente Jorge Sagasti había revelado que el local fue alquilado a la firma Vidaplan SA, por lo cual si no prosperaba este acuerdo el Casino Nogaró tendría que haber dejado de funcionar.

 

Polémicas al margen

Hace aproximadamente un mes, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) habilitó sin observaciones el proyecto para que el Casino Nogaró pasara a funcionar como un emprendimiento mixto entre la Dirección de Casinos del Estado y el grupo Mantra.

En su resolución el TCR le señaló expresamente al Ministerio de Economía y Finanzas que antes de firmar el contrato debía verificar que se cumplieran ciertos extremos relacionados con exigencias del decreto que regula el funcionamiento de los casinos mixtos.

Estos aspectos tienen que ver con el financiamiento y con las garantías de los inversionistas que firmaron el acuerdo, por lo cual se descarta el cumplimiento de este requisito.

El año pasado, apenas se comenzó a hablar de la posibilidad de este acuerdo, la iniciativa encontró algunas resistencias, entre ellas del hotel Conrad y del Grupo Cipriani, que cuestionaron su legalidad y reclamaron una licitación para definir qué privado accedería al emprendimiento mixto con el Estado.