Logran finalmente un acuerdo para sancionar en el Senado el proyecto de Bienestar Animal

La última ley nacional sobre tenencia de animales databa de 1918. La necesidad imperiosa de contar con una nueva normativa fue señalada insistentemente por las organizaciones protectoras de animales, recogida por el senador Alberto Cid y, luego de su pasaje por la Cámara de Senadores, modificada ayer en la de Diputados.

«Estamos locos de la vida, porque esta ley general (que deberá volver a Senadores para su aprobación definitiva) va a ser una base para seguir avanzando, aunque tenga lagunas que habrá que reglamentar», sostuvo el presidente de la Asociación Nacional de Protección Animal (ANPA), Ricardo Púrpura.

En este articulado final sobresalen algunos puntos. Uno de sus ejes centrales es la tenencia responsable de los animales por parte de sus dueños o tenedores. Será su obligación mantenerlos «en condiciones físicas y sanitarias adecuadas» ­incluyendo su protección, alimentación y abrigo-, así como responsabilizarse por cualquier daño que puedan ocasionar a terceros. Asimismo, está prohibido abandonarlos en lugares públicos, excepto los habilitados para tal fin, tanto por su seguridad como por la de quienes los rodeas. La presencia del animal no puede significar «perjuicio y deterioro del medio ambiente», por lo que se deberá impedir su acceso a lugares de recreación infantil y la permanencia de sus materias fecales en la vía pública, un viejo reclamo de los montevideanos. El uso de bozal y correa son obligatorios.

Está expresamente prohibido el maltrato y sacrificio de los animales, excepto en el caso de manipulación científica -que aparece restringido-, para poner fin a su sufrimiento por edad avanzada o enfermedad, o en caso de que representen amenaza para quienes los rodean, tanto por su conducta como para evitar emergencias sanitarias.

De cualquier modo, y específicamente en cuanto al sacrificio de animales ­que deberá ser supervisado en cualquier caso por un veterinario-, el artículo tercero se refiere específicamente a aquellos «no destinados a la alimentación, a actividades productivas o a ritos religiosos». Esto ha sido considerado una carencia por parte de la norma: «La ley es de carácter general, y por lo tanto es perfectible. Una de sus lagunas es que deja abierta la puerta al sacrificio por motivos religiosos», dijo el presidente de ANPA.

 

Avances y «lagunas»

La nueva ley dispone aspectos que, a nivel nacional, no estaban previstos. Por ejemplo, su artículo segundo señala que «Las personas con discapacidad que utilicen para su auxilio o desplazamiento animales especialmente adiestrados a tales efectos, podrán ingresar y permanecer acompañados por éstos a todos los medios de transporte, lugares públicos y privados abiertos al público, sin restricción alguna».

La norma crea también dos registros: uno de animales de compañía y otro de Prestadores de Servicios, que incluye a titulares de refugios, criaderos, paseadores, adiestradores o tiendas de mascotas, entre otros rubros.

Otra implementación, largamente reclamada, es la de una Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura que contará con diez integrantes, tanto del Poder Ejecutivo como de la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Universidad de la República y las ONG dedicadas a la protección de animales.

No obstante, Púrpura señaló que su competencia presenta vacíos que deberán ser colmados por la reglamentación. «La Comisión diligenciará las multas, asesorará al Poder Ejecutivo, recibirá denuncias y recurrirá al Poder Judicial en estos casos. Sin embargo, no establece qué juzgados deben intervenir. Hoy por hoy, un altísimo porcentaje de magistrados declinan competencia. Eso tiene que preverse», sostuvo.

Otra carencia, en opinión de Púrpura, es que la ley «sólo prevé multas para los infractores, y no medidas alternativas para quienes no puedan pagarlas, como tareas comunitarias».

 

El fin de las perreras

Sin embargo, el presidente de la ANPA subrayó la conformidad con la aprobación de esta ley por parte del Poder Legislativo. «Por primera vez se establece una respuesta clara del Estado en el bienestar animal. Es ilegal el maltrato, la obligación de la tenencia responsable, las matanzas masivas para controlar poblaciones, lo que, en definitiva dejará sin efecto las ‘perreras’. Obliga a implementar medidas efectivas para controlar la superpoblación animal que hoy existe. No es poco», afirmó Púrpura.