El Comité de los Derechos del Niño pide que se estudien irregularidades en el Interj

El Comité de los Derechos del Niño y Unicef situaron sus posiciones sobre la situación de los adolescentes infractores que atiende el Interj, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), sector que atraviesa una verdadera crisis que determinó la renuncia de su director, el padre Mateo Méndez.

En enero eran 200 los adolescentes internados en dependencias del Interj y, anualmente, la cifra de jóvenes que pasan por el instituto promedia los 400.

El primero de estos organismos, que meses atrás pidió el cierre de los hogares SER y Piedras de la Colonia Berro debido a que en ellos se constató la violación de los derechos humanos de los jóvenes, insistió en que estos viven en «condición inhumana» y afirmó que «el debate actual no es coyuntural sino estructural» ya que los uruguayos somos sus «espectadores» desde hace diez años.

«Esta situación ha sido objeto de preocupación de diversas instancias internacionales y Uruguay ha recibido cuestionamientos y llamamientos a atender esta realidad en espacios como Naciones Unidas y OEA», recuerdan desde el comité.

 

Apuesta a lo socioeducativo

Tanto este organismo como Unicef destacan su preocupación por la carencia de programas socioeducativos para rehabilitar a estos adolescentes. Ambos, además, se manifiestan contrarios a la opción del encierro como medida prioritaria para sancionar a estos jóvenes.

«La privación de libertad sólo debe aplicarse para delitos graves como homicidio o violación (…). No implica bajo ningún concepto la privación del resto de los derechos, como el derecho a la educación, a la salud, a la integridad física, psicológica y emocional así como a mantener un vínculo fluido con su familia y con la comunidad, situaciones que en la mayoría de los casos hoy no se respetan», indican desde Unicef.

El Comité de los Derechos del Niño, en tanto, también señala como problema «la utilización, por parte del sistema judicial, de la privación de libertad como medida primera, invirtiendo el mandato de la Convención de los Derechos del Niño que impone al Estado uruguayo la obligación de hacerla como último recurso».

No obstante, vale recordar que en 2008, por primera vez, un 63% de los adolescentes infractores no fue privado de libertad, según publicó LA REPUBLICA semanas atrás, a partir de datos del balance anual del INAU.

Asimismo, un informe judicial de 2008 desmintió que los chicos infrinjan la ley cada vez más temprano. Por otra parte, el delito más frecuente en 2006 fue la rapiña (51%), seguido por el robo (30,5%).

En tanto, Unicef se mostró contrario a la baja de la edad de imputabilidad como posible recurso para frenar los delitos cometidos por los menores de edad, según se ha sugerido desde varios sectores políticos. Esta rebaja, así como el endurecimiento de las penas, según el organismo internacional, «no dan ni han dado resultado, no garantizan la inserción constructiva en la sociedad de los adolescentes en conflicto con la ley, ni la disminución de delitos, tal como lo demuestra la experiencia internacional».

 

Responsabilidad de los funcionarios

En su comunicado, el Comité de los Derechos del Niño exige la investigación de irregularidades en el Interj, señaladas en varios informes de este organismo. En uno de los últimos, este exigía el cierre de los hogares SER y Piedras de la Colonia Berro, a causa de las reiteradas violaciones a los derechos humanos que se constataban en ellos, las que incluían «torturas», castigos, mala atención sanitaria y 23 horas de encierro diarias.

Esta vez, el comité va más allá y subraya «la violación de los derechos humanos de los adolescentes y sus familias a través de la discrecionalidad y la impunidad con la que los funcionarios manejan aspectos importantes para la vida de estos como los traslados, visitas, castigos, intimidad, salud, etc.».

Denuncia, además, «la dificultad de mando e injerencia del personal de seguridad en la implementación de directivas pertinentes a nivel de los funcionarios a cargo del cuidado, control y educación de los adolescentes recluidos».

El comité asegura que esta situación se debe a factores «tanto sociales como institucionales» y exhorta a tomar medidas para terminar con una situación que contradice «los principios democráticos» de nuestra sociedad.