"El 2009 es el año de la regulación y el control del sistema de salud"

«La libre elección supone reglas y básicamente la más importante es la estabilidad», indicó Olesker como justificación del tiempo obligatorio de permanencia en una institución de salud. Las personas que se cambiaron de mutualista no llegaron al 10% de los habilitados.

 

­¿Se esperaba la cifra de personas que se cambiaron de institución de salud en febrero?

­Sí. Había alrededor de 60.000 personas asignadas de oficio a ASSE y unas 150.000 personas que estaban en el sistema mutual y podían cambiarse. De los 60.000 de ASSE se cambiaron 10.000. Pero también es importante destacar que de los 150.000 afiliados a las mutualistas, sólo se trasladaron 10.000. Entre todos no llegamos al 10%.

Básicamente la movilidad se dio en Montevideo y la zona metropolitana -San José, Canelones, Colonia-, donde hay sedes secundarias de instituciones de la capital. Allí se movió en una doble dirección: gente que estaba en sedes secundarias y se cambió a la mutual departamental, y también al revés.

Tampoco hubo en ese proceso ninguna institución que haya tenido un cambio drástico. Algunas han recibido mayor número de afiliados; a otras se les fueron socios, pero en ningún caso la movilidad fue superior al 5% de sus afiliados. El impacto económico no fue grande, ni incidió fuertemente en las instituciones. Vamos a realizar una segunda etapa de análisis, para saber efectivamente el efecto neto sobre los servicios de salud. De cualquier manera no hubo casos que consideremos alarmantes.

 

­Sobre las mutualistas que encabezaron la lista de nuevos afiliados, ¿cómo va a ser el control para saber si realmente están preparadas para afrontar esa cantidad de usuarios?

-Los controles no empezaron ahora. Hay tres grandes cosas como mecanismos de control. En primer lugar hay un decreto sobre los tiempos de espera, donde se fijaron tiempos máximos: 24 horas para médico general, pediatra y ginecólogo, y 30 días para cualquier otro especialista. Mañana (por hoy) saldrán los equipos del MSP para auditar los tiempos de espera, con el criterio correcto de auditar primero a las que más crecieron. Es lo más lógico, porque son las que pueden tener problemas.

El segundo elemento es que a posteriori de la entrada de niños y adolescentes, el Poder Ejecutivo fijó en el valor de la cuota un componente vinculado a un indicador: la cantidad de médicos en el primer nivel de atención cada 1.000 afiliados. Este es un indicador que tiene que tener un mínimo, y todos aquellos que estaban por debajo de ese índice no cobraron ese plus.

También están saliendo los auditores para controlar si la información sobre el cumplimiento de las metas materno-infantiles pasada al MSP es la correcta. El 2009 es el año de la regulación y el control.

 

­Sobre la regulación y el control, ¿qué pasa si los inspectores van a la mutualista y encuentran que la información dada al ministerio no es la correcta? ¿Va a haber sanciones extra, además del no pago de las metas asistenciales?

­Los pagos están sujetos a reliquidación dependiendo de las auditorías. Si hay una institución que informó el cumplimiento de un 100% en las metas materno-infantiles y cumplió con el 90%, se le va a reliquidar.

También es verdad que el contrato de gestión firmado entre el MSP y las instituciones tiene un anexo sobre el régimen sancionatorio, e incluye la información incorrecta como falta grave. Esta tiene una sanción económica. La propia norma le da a la Junta Nacional de Salud la potestad de fijar distintos valores. Por lo tanto, en el caso de que la información haya sido enviada incorrectamente, hay un doble mecanismo de sanción, aunque debemos aclarar que el pago por meta no es una sanción. Es una falta grave porque un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que tiene un importante componente de gestión y de pagos por meta requiere de información correcta y de alta calidad.

 

Estabilidad y libre elección

­¿Cuál es el análisis realizado por el MSP sobre la apertura del «corralito mutual»?

­Antes, cuando uno se afiliaba, tenía la obligación de permanecer en la institución durante dos años. En el 2000 ese período se extendió sin plazo, hasta ahora. La libre elección supone reglas; básicamente la más importante es la estabilidad, la permanencia en un lugar, y por eso la norma general estipula mantener al usuario tres años dentro de la institución elegida.

Cuando nos planteamos la movilidad vimos que teníamos un proceso acumulado de muchos años y que había que ser gradual para ir viendo cómo se iba dando ese proceso. Allí surgió la idea de que esta primera parte fuera para los que tenían 10 años y más como afiliados: todos aquellos que cuando se firmó el decreto de inamovilidad ya estaban dentro del sistema mutual.

El otro criterio conceptual es que la movilidad se dé en un momento del año determinado con algunas características, cuando la actividad asistencial sea más baja y las instituciones no estén abrumadas por la zafra asistencial. Por eso se eligió febrero. Por otro lado, el ingreso de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) como prestador, y luego el ingreso al nuevo sistema de salud de los públicos como colectivo, generaron algunos problemas de confusión. Mucha gente que estaba en una mutual pagando desde un convenio no entendió que al ingresar al Fonasa debía volver a optar; tenía 90 días para ratificar la opción de la mutual en donde estaba. Un número importante de personas no se cambió y quedó asignado de oficio a ASSE. Se entendió que en esta transición todos estos afiliados podrían elegir una mutual.