TIENE LA PALABRA

De leyes, destituciones y presos

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

El hecho de haberse reparado, justamente, las situaciones generadas para los trabajadores de la actividad privada que fueran perseguidos, presos, exiliados o en clandestinidad, al amparo de la Ley 18.033, vuelve a surgir una situación análoga como la que sucedió en el año 1985 al retorno de la democracia con el Dr. Sanguinetti.

En esa oportunidad y al amparo de la Ley 15.783 y otras, se procede a la restitución de los funcionarios públicos destituidos por la dictadura.

Es una Ley que consta de 50 artículos, y fue una Ley con muchas discusiones a todos los niveles. Nadie desconocía la justicia de los planteos, sin embargo hubo un tema que fue soslayado y en especial por el Partido Colorado. Esos trabajadores estuvieron muchos presos, perseguidos, en la clandestinidad y en el exilio.

No comentaré toda la Ley, pero sí su Artículo 45, que resolvía no abonar ni un peso de los años en que estuvieron destituidos. En principio, los trabajadores que estuvimos afectados, mantuvimos intensas reuniones con senadores y diputados y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló las destituciones el 1º de febrero de 1973, mientras que en las Cámaras Legislativas se llegó a aprobar una Ley que restituía a los trabajadores afectados, no bien el presidente de UTE, Pereira Revervell, se enteró de lo que habían resuelto los diputados y senadores se comunicó directamente con su íntimo y especial amigo que lo era nada menos que el Presidente de la República Jorge Pacheco Areco, este, estaba dispuesto a firmar las restituciones, pero ante el pedido de su dilecto amigo, «vetó» la Ley.

Doscientos cinco trabajadores de UTE fueron destituidos en el año 1969 por Resolución 69-2428 del 10 de julio de 1969, que aún conservo. Solamente fuimos destituidos de un plumazo por el entonces presidente de UTE, sin ninguna clase de sumario de ninguna especie. Fue entonces que tomó cartas en el asunto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el 1º de febrero de 1973 anula las destituciones, estas nunca se hicieron efectivas, pues y para desgracia de males, el 27 de junio de 1973 comenzó la dictadura y también otras historias. Pero lo real era esto, 205 trabajadores de UTE, y seguramente de otros organismos, eran destituidos en democracia, la democracia de Pacheco. Sintetizando, personalmente estuve 4 años destituidos en democracia y 12 años destituido en dictadura. Vuelta la democracia y por Resolución 85-1337 del 8 de marzo de ese mismo año me restituían ingresando al Palacio de la Luz el 31 de marzo de 1985; de los 16 años anteriores no solucionaron ni un solo peso, solo fueron reconocidos para una futura jubilación.

Para aclarar más las cosas, digamos que en conversaciones mantenidas con integrantes del Partido Colorado, nos manifestaron que dicho partido estaba dispuesto a pagar años de destitución, pero existieron raros manejos, que el Dr. Sanguinetti los debe de recordar con mucha claridad, y al final arreglaron con jubilarnos, si queríamos, y con algunas ventajas. Eso no los tuvimos en cuenta y entramos a trabajar, pues entendíamos que habíamos sido destituidos fuera de la Constitución y las leyes, y queríamos entrar a trabajar para demostrar nuestro leal saber y entender.

Pero nadie nos saca de la cabeza que nos deben 4 años destituidos en democracia y 12 años destituidos en dictadura, pues las reparaciones prometidas en las anteriores leyes fueron solo en el aire, a pesar de que en «este» tiempo estamos jubilados. «Ultimamente el actual gobierno envía al parlamento una Ley que será tratada en los primeros días de marzo de este año, en las que el Estado pide perdón y reconoce que se cometieron delitos de lesa humanidad, resarciendo a los damnificados por aquellos inconscientes gobiernos».

AURELIO PICCONEC.I. 3.546.119-0

 

El fin de la delincuencia

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

A partir del 1º de marzo del 2010, los hechos delictivos en nuestra capital y en el resto del país, quedarán como un pesadillezco recuerdo para todos los ciudadanos. Podremos dejar alegremente la puerta de nuestra casa o apartamento sin llave toda la noche, los comercios ya no necesitarán filmadoras ni guardias especiales, se eliminarán las antiestéticas verjas, las armas se convertirán en piezas de museo, los conductores del transporte colectivo y los taxistas podrán disfrutar plácidamente de sus cumbias preferidas.

Resumiendo: los habitantes de nuestro país llevarán una vida sin zozobras ni sobresaltos, casi conventual, al mejor estilo de los monjes benedictinos. Así nos anuncia y asegura el adusto senador Gallinal, de acuerdo a sus declaraciones efectuadas a un canal de televisión el martes 11 de febrero.

Dijo textualmente el hombre público, visiblemente conmovido: «Si el último domingo de noviembre, las urnas dicen que ganó el Partido Nacional, y que Lacalle es el presidente, ya desde ese día los delincuentes que pongan las barbas en remojo, porque se les acabó la farra, se les acabó la tolerancia, y se va a comenzar a aplicar la Constitución y la ley».

Bueno, al fin nos habremos librado, de una buena vez por todas, del insostenible flagelo antisocial integrado por homicidas, violadores, copadores, rapiñeros, descuidistas, etcétera.

No nos confundamos, estimado lector, la seria advertencia a los malhechores, pletórica de optimismo y colorido, no fue realizada por Gallinal, como maliciosamente podría interpretarse, en el escenario del Teatro de Verano, todo lo contrario, la espetó en el Palacio Legislativo.

Desconocemos cuáles van a ser las preclaras medidas que a va a proponer el senador nacionalista en el seno del honorable para cumplir con su obsesionada amenaza de poner fin a «las farras» de los maleantes.

A guisa de ejemplo, y con la sana intención de ayudar a solucionar los desvelos del hombre público, propondríamos, modestamente, y sólo para Montevideo, ubicar un policía en cada esquina, es decir, 4 por manzana.

Esta medida significaría para el partido de Don Aparicio, un alud de votos que haría jirones la temible «colcha de retazos». Pero, lamentablemente, y lo decimos con hondo pesar, siempre hay un pero para las ideas brillantes. He aquí que, según los datos que disponemos, en nuestra capital hay 8.350 manzanas, lo que implicaría disponer de 33.400 uniformados e igual número de armas de fuego.

Cada vigilante tendría su correspondiente perro, por consiguiente habría que importar 33.400 collares con sus pertinentes correas.

Claro está, a los pichichos habría que alimentarlos. Calculando un promedio de medio kilo de carne por día, hasta que empiecen a prestar funciones, se necesitarían 16.700 empleados, felizmente sin costo para el Estado, pues se enviarían funcionarios estatales en comisión, preferentemente los ineptos barbudos frentistas, que gastan su tiempo tomando mate con termos luciendo emblemas de cuño proselitista.

Y ahora, estimado lector, pongamos un poco de seriedad a esta contribución a nuestro diario plural. Cuesta creer que un senador de la República tenga tan frívolo concepto de la grave problemática delictiva que azota al país.

Se trata, y el senador de marras y su patrón lo saben muy bien, de una situación mucho más compleja de solucionar que mediante un ridículo e hilarante enunciado amenazador a los malhechores. Gallinal y Lacalle, obvio es decirlo, buscan desesperadamente réditos políticos a cualquier costo, aún con enfoques infantiles, torpes y caricaturescos que constituyen una afrenta a la inteligencia de la ciudadanía.

RF C.I. 677.807-5

 

Tiene razón

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

Tiene razón Carmen Fermín que detecta un grueso error numérico en mi artículo del 24 de febrero. En realidad, yo me limité a reproducir mecánicamente un análisis de quien figuraba como un especia
lista español en la materia y que se difundió por múltiples áreas. No es ninguna excusa, desde luego. Las cosas son como ella dice, y le agradezco su atenta mirada crítica.

N.S.