Udelar apoya campaña por nulidad de Ley de Caducidad

La resolución aprobada por la totalidad del cuerpo (19 en 19) fue una modificación a la propuesta inicial del Orden Estudiantil. La misma fue presentada por el decano de la Facultad de Arquitectura, Salvador Schelotto.

«Entendimos que debía hacerse análoga a la declaración de la Universidad del año 1986, que también respondió sobre el mismo tema», expresó el jerarca. Respalda esta postura ­según la resolución­ que «la Ley Orgánica de la Udelar establece que entre los fines de la institución está defender los valores morales y los principios de justicia, y libertad», entre otros.

La campaña por la nulidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) sumó anoche a la Udelar. Su Consejo Directivo Central (CDC) modificó una moción propuesta por el orden estudiantil, representado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). En la primera sesión del año del CDC, el 10 de febrero, el orden estudiantil propuso una moción de orden para que la institución se sumara a la campaña de recolección de firmas encabezada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad para que se llegue a un referéndum de la Ley aprobada en el año 1986. Una primera consulta popular, en 1989, ratificó la ley.

En la sesión del martes 10 la mayoría de los consejeros (el CDC se compone por el rector, tres consejeros por cada orden, y cada uno de los decanos de los centros universitarios) resolvieron estudiar detenidamente la moción presentada por el orden estudiantil. Allí se propuso que la Udelar analizara los antecedentes de la institución sobre la postura de que la máxima casa de estudios pública tomó cuando la recolección de firmas para la aprobación de la Ley en 1986 y el siguiente referéndum de 1989.

A su vez, la Udelar consultó a la Facultad de Derecho, particularmente a la Cátedra de Derechos Humanos para que hiciera un estudio sobre la propuesta presentada por el Orden de Estudiantes.

 

Aprobación

La resolución se hizo en base a un informe presentado por el doctor Alberto Pérez Pérez, catedrático grado 5 de la Facultad de Derecho, director de Derecho Constitucional de dicha institución. Explica la resolución que el informe demuestra que la Ley de Caducidad «viola varios instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos vigentes para Uruguay». Agrega que la inconstitucionalidad de dicha Ley «fue recientemente afirmada» por los poderes Legislativos y Ejecutivo. Además sostiene que la Ley de Caducidad «limita el accionar del Poder Judicial y constituye un obstáculo para seguir avanzando en la búsqueda de la verdad» sobre «lo acontecido en la dictadura».

Es «altamente deseable que todos los ciudadanos (…) en particular los jóvenes, tengan ocasión de pronunciarse sobre la permanencia» de dicha ley, afirman. Según la Udelar, «pasados 22 años de la aprobación de la referida Ley el tema no ha sido definitivamente saldado».