Buscan frenar el avance de la soja

«Estas tierras las recibimos de nuestros padres, y las tomamos prestadas de nuestros hijos», afirman una y otra vez los pobladores de Cuchilla de Rocha, región ubicada en la zona rural del departamento de Canelones ­segundo en población y primero en producción alimenticia del país­, a cinco kilómetros al este de la ciudad de Sauce.

De acuerdo a los datos del último censo de población, viven en la comarca cerca de 1.500 personas. En Cuchilla de Rocha se pueden ver predios pequeños y medianos donde cohabitan diversidad de rubros productivos, como huertas y viñedos, montes frutales, la cría de animales para carne, la lechería, la horticultura a campo y bajo invernadero, y hasta la apicultura.

LA REPUBLICA visitó la zona, recorrió la región y dialogó con Paul Bennett y Raúl Sotelo, integrantes de dos proyectos comunitarios que se desarrollan en el lugar: «La Comarca» y «La Tierrita».

«De alguna manera, fuimos los últimos en enterarnos, pero tal vez los primeros en reaccionar», cuenta Sotelo, afincado en la región desde hace más de diez años, recordando el momento en que junto con sus compañeros vieron los primeros trabajos de la enorme maquinaria que preparaba el terreno para el monocultivo. «Este lugar es muy especial, las chacras aquí no son grandes, y las personas que viven son tercera generación; es un lugar con raíz, con un pueblo cerca, donde podés tener animales y dejar la llave en la puerta», afirma Sotelo.

La preocupación de los vecinos fue en aumento al comprobar que la proyección del «agronegocio» de la soja RR transgénica, y todo su sistema de cultivo, sería implementado en 400 hectáreas de Cuchilla de Rocha, a impulsos de la empresa Calpryca ­avícola que será la consumidora del grano­, en consorcio con Agronegocios del Plata (ADP).

Las reuniones se realizaron desde el primer momento en la capilla de Cuchilla de Rocha. Lo primero fue informarse: «Qué es la soja? ¿Qué ocurre si me plantan soja al lado? Llegamos a la conclusión de que no estaba bueno; no en este lugar», relatan.

Pueden leerse, entre otros varios argumentos esgrimidos en la declaración, que se busca «la salvaguarda de nuestro ambiente, por estar en riesgo nuestras fuentes de agua de consumo, de riego, y de cañadas y arroyos que utilizan para beber nuestros animales y como recreación, fundamentalmente por nuestros niños, y se derivan a cursos de agua mayores. Dicha contaminación es a causa de la utilización de herbicidas (como glifosato), que si bien hay información de investigación que dice que no se mueve con el agua, hay otros tantos estudios técnicos que demuestran que sí lo hace. Si consideramos que se aplicarán con equipos agresivos (avión o «mosquito»), esta contaminación irá directo a nuestras aguas». Añade también la Junta sauceña que «si bien es responsabilidad de los vecinos el alquilar sus tierras para este fin, por la buena oferta que ello les significa, muchos de ellos lo realizan por desconocimiento de los efectos secundarios que a largo plazo les acarreará a sus predios y a la zona en general», y agrega que «hace tentador a los productores alquilar sus predios pensando en un ingreso rápido y sin riesgos a sus hogares». Por su parte, el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, firmó una resolución, que en su parte medular dice: «Fomentar políticas tendientes a preservar las características de Canelones en su modo de vida y trabajo familiar, su producción, su valor y su cultura, conservando el suelo como recurso estratégico del desarrollo, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria nacional, protegiendo la salud humana y el ambiente; promover iniciativas que procuren la mejora de la calidad de vida de la población, a fin de mantener la integración social del territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales; y crear una comisión especial con los objetivos expuestos en el proemio de esta Resolución, integrada por el director general de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano, director de Desarrollo Productivo, director de Desarrollo Rural, y director General de Gestión Ambiental».