Informe del Serpaj: nuestro sistema carcelario vive una situación crítica

El Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj) presentó ayer en el Cabildo de Montevideo su Informe 2008, denominado «Derechos Humanos en el Uruguay».

Dicho informe es un aporte desde la sociedad civil con el objetivo de que sea una herramienta que sirva para colaborar en los temas vinculados a los derechos humanos.

En el informe de este año se abordan distintos temas desde múltiples áreas, se da seguimiento a investigaciones sobre autores de crímenes perpetrados durante la dictadura y a las causas pendientes vinculadas a delitos de lesa humanidad.

Allí hay un capítulo para la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado escrito por Gabriel Seré, integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la ley; también para la reparación integral a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y se reproduce la exposición de motivos del anteproyecto de ley sobre Reparación Integral elaborado por el Dr. Oscar López Goldaracena y se arriba al tema sobre la reparación en salud al proyecto de reparación integral, un proyecto del Servicio de Rehabilitación Social (Sersoc) que fue presentado en octubre de este año al Ministerio de Salud Pública (MSP). Sersoc -una institución que trabaja desde 1984 con las personas afectadas por el terrorismo de Estado- recomienda que sea el Estado el que ofrezca una rehabilitación en la salud física, psíquica y social a las personas directamente afectadas y a sus familiares. «Debería proponerse en forma explícita que la rehabilitación y la atención en salud se realicen a través de un programa específico para esta población, elaborado por el MSP», señala el informe al considerar que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no son las que tienen que encargarse de dicha asistencia.

El historiador Alvaro Ricco escribe sobre la «Dictadura y los derechos humanos», Mauro Tomasini, actual coordinador de Serpaj, profundiza sobre el «Escuadrón de la Muerte en Uruguay» y el periodista Walter Pernas lo hace en referencia al caso del fusilero naval Jorge Tróccoli, entre otros temas. También se analiza la situación del sistema carcelario y las políticas de seguridad ciudadana y la situación sobre los derechos económicos, sociales y culturales: trabajo, salud, vivienda y educación, así como se examinan las políticas sobre medio ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo y modelos productivos.

 

Humanización de cárceles

Sobre la Ley Nº 17.897 de Humanización del Sistema Carcelario el informe señala que se implementó para disminuir la cantidad de personas privadas de libertad y afirma que «su aplicación en términos generales es negativa».

Indica que si bien existió una disminución inicial de la cantidad de presos, producto del régimen excepcional de libertad provisional y anticipada que prevé esta ley, luego la población carcelaria volvió a incrementarse.

Por último concluye que «los pronósticos para el sistema carcelario no son alentadores». Para el año 2010 la cifra de presos ascenderá a 9.913 y la tasa de privados de libertad cada 100.000 habitantes alcanzaría el 294,87%; asimismo para el año 2015 la población carcelaria llegaría a las 15.870 personas y la tasa referida aumentaría al 463,88.

Al momento de la visita anual del grupo de Serpaj a los distintos centros carcelarios del país, en octubre el Complejo Carcelario Santiago Vázquez tenía 2.619 personas privadas de libertad (en 2007 la cifra era 2.925).

Del total, el 39% eran primarios y el 61% reincidentes. Del total sólo el 44,4% había recibido una condena y el resto estaba en condición de procesado sin sentencia.