"No podemos hablar de burocracia en el Mides con apenas 600 funcionarios"

Director del Mides y presidente del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales (Cncps), Mirza es Asistente Social egresado de la Universidad de la República. Profesor e Investigador del Departamento de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Sociales. Está convencido del impacto social del Mides.

 

«Coordinar y articular para optimizar los recursos del Estado, maximizar impactos sociales y mejorar la gestión pública para que el Estado sea capaz de ajustarse a las demandas y necesidades de la gente», es como define la tarea del Ministerio.

Convencido que el Mides podrá ampliar la cobertura por Asignaciones Familiares a 500 mil niñas y niños para 2009, Mirza señaló en entrevista con LA REPUBLICA que la exigencia de obtener una cédula de identidad para ser un beneficiario no es para penalizar, «es para facilitar el ejercicio del derecho a la salud o la educación».

 

­Terminó en diciembre el plan de emergencia, y en enero empezó el Plan de Equidad. Siempre se criticó que los pobres cobraban subsidios para comprarse celulares nuevos…

­Eso es un prejuicio y una crítica estúpida y absurda. Tenemos datos oficiales de una encuesta. Lo que más compran los pobres son verduras, frutas, leche y alimentos. No hay mal uso. Lo que hay es un prejuicio de clase. Porque hay niños de clase media que tienen celular a los siete u ocho años. ¿Le vamos a decir a ciertos sectores de la población que no tienen derecho a tener celular? Además sabemos que el celular simboliza la inclusión social. Es sentirse parte de la sociedad del conocimiento. Pero también tiene un aspecto pragmático. Un ejemplo: una mujer que vive con cuatro chiquilines en un asentamiento precario puede solicitar una ayuda médica de emergencia si tiene celular en una zona donde no hay teléfonos fijos ni públicos a centenares de metros a la redonda. Otro ejemplo: la persona que hace trabajos de albañilería pueda darle el celular a sus clientes; si está haciendo una pequeña obra en una casa puede arreglar para ir a la mañana siguiente o a la tarde. Le sería imposible o más difícil sin celular. El celular tiene un aspecto utilitario muy claro, pero también una carga simbólica muy fuerte: el que tiene uno siente que es parte de la sociedad, y mejora su autoestima porque se siente parte de un mundo que está lleno de celulares. Lo mismo ocurre con lo jóvenes que se comunican más que antes con los mensajes de texto que son más baratos que una llamada. El que no tiene un celular se siente excluido.

 

­¿Cuando se critica la compra de celulares se está incurriendo en un prejuicio de clase?

­Por supuesto. Es un prejuicio de clase y es un prejuicio cultural. Y respondo con una pregunta: ¿Quién controla las pautas de consumo de la clase alta y la clase media de este país? ¿Cuánto whisky toma por fin de semana ciertos sectores sociales? Si a nadie se le ocurre controlar el consumo de las clases altas, ¿por qué habríamos de controlar a los más pobres? No hay ningún fundamento ético ni normativo.

 

­El Mides se define como coordinador de políticas sociales; no tanto como ejecutor. ¿No se corre el riesgo de convertir al Mides en un gigantesco elefante blanco? ¿O en una monstruosa burocracia de un estado fallido?

­No podemos hablar de burocracia en el Mides que apenas tiene 600 funcionarios distribuidos en las 33 oficinas territoriales en todo el país. Y la función de coordinar y articular, vía Consejo de Ministros, es para optimizar el uso de los recursos del Estado, y maximizar los impactos sociales y a la vez mejorar la gestión pública, modernizándola, para que el Estado sea capaz de ajustarse a las demandas y a las necesidades de la gente. No podemos olvidar que hay áreas estratégicas de las que el Estado nunca debe retirarse. Siempre debe ser promotor, nunca asistencialista; sí gestor y generador de oportunidades. Lo que no quiere decir que el Estado haga todo: debe trabajar junto a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, en un régimen democrático, plural y heterogéneo. Pero está claro que el Estado es el primer y último garante del ejercicio de los derechos de ciudadanía, y que no puede dejar librado a su propia suerte ni a uno sólo de sus ciudadanos.