La ley que fractura a la sociedad

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva es más que la despenalización del aborto, aunque éste sea su aspecto más polémico. Para muestra basta la marcha que ayer realizó la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida por 18 de Julio hasta la Plaza Cagancha, donde leyó una proclama. Esta mesa, conformada por diversos movimientos religiosos y sociales, ha basado su negativa rotunda a la despenalización en que todos tenemos «las mismas oportunidades de nacer».

También insisten en que el número de muertes por abortos ilegales ­una de las premisas de los movimientos a favor de la despenalización­ «no es tan alto como se cree». «Entre 1998 y 2005 las muertes por aborto son menos de dos por año. El año 2001 (en el que murieron siete mujeres) fue excepcional», afirman.

Sin embargo, en un país dividido por la controvertida ley, simultáneamente a la partida de esta marcha desde la Universidad de la República, la propia institución lanzaba su proyecto de investigación «(Des)penalización del aborto en Uruguay», aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica.

 

La opinión de la gente

Los grupos a favor de la ley -al igual que los que se oponen- convocan hoy a las barras parlamentarias, a la hora 16.00. Antes, a las 11.00, un cónclave de mujeres políticas y de organizaciones sociales le responderá a monseñor Cotugno sus dichos referentes a que los legisladores que voten a favor serán excomulgados. «La posición del arzobispado (…) viola el principio de laicidad», señala un comunicado.

Por otra parte, la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) señala que las últimas encuestas disponibles indican que la mayoría de la población está a favor de la despenalización del aborto. Según un relevamiento de Cifra de 2007, el 49% de los uruguayos apoyaba la ley, un 39% se oponía, en tanto un 8% no estaba a favor ni en contra. A su vez, la Encuesta de Elites de la Universidad de la República, que requirió la opinión de personas que «ocupan lugares clave en estructuras decisorias», mostraba que en todos los grupos la adhesión era superior al 60%.

 

¿Un éxito con veto?

Alejandra López, activista de MYSU, dijo que las expectativas sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva son «muy altas». «La satisfacción de que el Parlamento apruebe este proyecto, contra todos los pronósticos, desde que el Presidente anunció que lo vetaría, es enorme», dijo López. Las activistas son conscientes de que el veto es casi un hecho. Sin embargo, aseguran que el panorama respecto a este punto no es tan claro.

El veto presidencial sólo puede interponerse «en acuerdo entre el Presidente de la República y ministro/a o ministros/as del área vinculada al tema en cuestión», o «mediante el Consejo de Ministros (…) teniendo el Presidente doble voto en caso de empate». En este caso, Vázquez podría interponerlo con el apoyo de una de las dos ministras cuyas carteras están ligadas a este tema: María Julia Muñoz y Daisy Tourné. No obstante, si la decisión de vetar se toma mediante esta modalidad, el Consejo de Ministros «podrá revocarla por mayoría absoluta».

«En caso de leyes promulgadas por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (…) tiene un plazo de diez días para formular observaciones. De hacerlas, tendrán que volver a debate a la Asamblea General del Poder Legislativo, que puede acatarlas o levantarlas con los 3/5 de sus votos dentro de los 30 días de su primera convocatoria», explica el documento elaborado por MYSU con el asesoramiento del jurista Oscar López Goldaracena.

Las agrupaciones a favor de la despenalización del aborto aseguran que no es claro que la mayoría del Consejo de Ministros respalde el veto presidencial. Más aún, afirman que días atrás Muñoz, quien anunció en su momento que acompañaría al presidente Vázquez en caso de veto, matizó su posición. En cuanto a Daisy Tourné, descuentan que negará su apoyo.

«Este debate se enmarca en una situación política compleja. El Presidente va a necesitar otras voluntades para que esta ley no se apruebe», manifestó López. Aun así, los activistas son conscientes de que, en caso de que el Consejo de Ministros avale el veto, en el Parlamento no existirán los votos suficientes para levantarlo. En caso de que eso ocurra exigirán que el tema forme parte de la campaña electoral.