Diputado Casas. Denunció que se "violaron derechos humanos" y planteará el tema en el Parlamento

San José: procedimientos hacia menores infractores, bajo la lupa

El joven había apuñalado a un hombre de 34 años a la salida de un baile. Debido a la gravedad del hecho, el juez dictaminó que ingresara con medidas de seguridad.

El adolescente permaneció un fin de semana esposado, en un hogar mixto del centro de la ciudad. Fue una exigencia de la custodia policial. En Montevideo no lo podían recibir por los inconvenientes que se registraron en la Colonia Berro y porque las dependencias están colmadas.

En San José, INAU trabaja hace cinco meses en la construcción de un lugar específico para estas situaciones (calle 25 de Mayo y Vidal), pero el local aún no está pronto. El joven tuvo que quedar en el hogar de calle Sarandí, con un custodio del 222 y un funcionario de INAU.

El diputado herrerista Alberto Casas denunció «grave violación de los derechos humanos».

La preocupación del diputado Casas aumentó tras haberse enterado de que el adolescente se encontraba esposado. Los funcionarios dijeron que si no era así, ellos no se hacían cargo del adolescente. Cuando Casas pidió para hablar con él, no se le permitió, porque necesitaba el aval del juez.

El lunes, el muchacho fue derivado a un edificio de ruta 11, donde antes funcionaba el hogar de varones y próximamente abrirá el centro de adicciones. Allí existe otra estructura edilicia que permite que esté al cuidado de los adultos, pero sin necesidad de las medidas de seguridad que exige la Policía.

 

«Uno de cada 300″

Los responsables del INAU tienen claro que hay que preservar la integridad de estos jóvenes y de quienes los cuidan. «Ante este tipo de situación, no hay alternativa: el uso de las esposas hay que tenerlo en cuenta», se explicó desde el instituto.

Mientras estuvo en el hogar de calle Sarandí, se dispuso de una habitación totalmente aparte del resto de los chicos, con un baño cerca.

«Por supuesto que desde INAU no se quiere tener que llegar a la situación de esposar a un chico, pero estos son procesos habituales en este tipo de casos. Cada 300 casos, se da uno así», afirman fuentes del organismo.

Altas fuentes informaron a LA REPUBLICA que el joven actualmente está tranquilo, custodiado por un funcionario de INAU y un policía del servicio 222. Su alojamiento, en el ex hogar de varones, es provisorio hasta que se le encuentre un lugar adecuado en Montevideo.

 

Casas denuncia

Un comunicado emitido desde su secretaría, afirma que el diputado Casas concurrió a la sede del INAU a entrevistarse con las autoridades, lo que tampoco logró. Luego, se comunicaron telefónicamente y le indicaron que tal situación estaba en proceso de solución.

El diputado informó a la doctora Patricia Borges (jueza subrogante). Posteriormente, se informó a Casas que el menor fue trasladado a otras instalaciones, pero dicho comunicado no fue realizado por las autoridades competentes.

Así, según Casas, el INAU «no cumple los más elementales derechos humanos, en trasgresión gravísima e inadmisible de sus cometidos, violando el derecho a la integridad y dignidad del menor y aplicando tratos crueles, inhumanos y degradantes (…), tanto para el menor esposado como para los otros menores del mismo hogar».

El comunicado concluye: «El diputado Casas efectuará los planteos parlamentarios correspondientes (…), y evalúa comunicar la situación a los tribunales competentes de la Convención de protección de los derechos del niño».

El diputado Alberto Casas es herrerista. Desde su sector, se exige mayor severidad con los jóvenes que cometen ilícitos con violencia.

Defienden bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes infractores a 16.

Por otra parte, la primera semana de octubre comenzará un curso de capacitación para los funcionarios de INAU, a cargo de la Junta Nacional de Drogas, como forma de preparar a quienes estén a cargo del nuevo centro de adicciones de ruta 11, donde hoy está alojado el menor en cuestión.

Está previsto que luego, a breve plazo, el centro funcione oficialmente.

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