"La democratización de nuestro pasado"

El arqueólogo José López Mazz, que hace más de 20 años que trabaja en el tema, explicó a LA REPUBLICA las características de los cerritos, su legado histórico y cultural, y consideró que la declaración de Monumento Histórico «no es un tema menor, porque democratiza nuestro pasado». «Los cerritos de indios son construcciones prehistóricas de sociedades precolombinas utilizadas entre 5.000 años antes del presente y el siglo XVII. Algunas de estas estructuras son restos de habitaciones, otras cementerios y algunas plataformas, tal vez para funciones ceremoniales o políticas», comentó a LA REPUBLICA.

Dijo que los pueblos constructores de cerritos «tuvieron un importante desarrollo en relación a los recursos naturales de las áreas de tierras inundables. Los estudios actuales sobre esos testimonios culturales han tenido particular intensidad en la zona de Rocha y de Tacuarembó, contando tanto con financiación nacional como internacional.

Considerados como parte de la multiculturalidad de la cual nuestra sociedad es tributaria, estos cerritos son protegidos a título expreso por la Ley Nº 14.040/1971, que los considera parte de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural como Nación.

Por eso, según el especialista, la declaratoria de Monumento Histórico Nacional «forma parte de la política de protección y puesta en valor de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural». «Los cerritos en cuestión son los mejores representantes de esta tradición cultural y se encuentran próximos a la ciudad de Lascano, hasta ahora fuera de cualquier otro plan del país productivo. Creemos que esta declaratoria no es un tema menor, porque democratiza nuestro pasado».

 

«ALGUNOS NO PIENSAN EN EL PATRIMONIO»

El arqueólogo José López Mazz fustigó la actitud de algunos políticos a los «que poco les importa la conservación de este Patrimonio Nacional».

«En momentos en que el país sufre un alud de inversiones, la protección del patrimonio cultural y ambiental se ve amenazada por algunos políticos que impulsan una visión desarrollista: pan para hoy, hambre para mañana. Poco les importa la conservación de este patrimonio, expresamente considerado por la Constitución como un derecho ciudadano», sostuvo. «La armonización del desarrollo económico con los derechos sobre el patrimonio es un escenario donde el Estado debe garantizar el reconocimiento a la diversidad cultural y la debida protección de estos bienes culturales. Estos son recursos legítimos de las comunidades y permiten en otros países un desarrollo sustentable y el diseño de estrategias económicas alternativas», dijo López Mazz. El especialista señaló que mientras Uruguay ofrece a Argentina estándares mundiales de conservación ambiental en el río Uruguay,»los ciudadanos uruguayos parece que aún no merecen tanta consideración: el arroz, la forestación y los parques eólicos, en todas partes del mundo demandan estudios serios de impacto ambiental».