
Benenatti remarcó que el desalojo debe ser inmediato porque la denuncia está amparada por la nueva Ley Nº 18.116 de Ordenamiento Territorial, que fue homologada en mayo del año pasado.
Explicó que la empresa Chia SA presentó, hace dos semanas, un total de 117 denuncias penales, amparada en la nueva ley de usurpación actualmente en vigencia. Se extiende a “ocupantes que usurparon predios a partir de mayo de 2007 a la fecha” -según ordena la ley, que no es retroactiva-, aunque la situación irregular comprende en realidad a unos 800 solares.
Benenatti dijo que el motivo fundamental de esta medida adoptada por los propietarios radicar la múltiple denuncia en dependencias de la Seccional 11ª de Policía de Piriápolis, “es tratar de evitar que siga acrecentándose el asentamiento”. Recordó que la Ley de Usurpación está en vigencia desde mayo del año pasado y que es muy clara en su contenido, razón por la cual los desalojos deben producirse en pocas semanas, por no decir en forma inmediata.
“Es directamente un desalojo, en el caso de esta ley específica no hay intimación. Directamente tienen que desalojar. Si no sucede eso el juez tiene que procesar. Nosotros conversamos con el Juzgado y evidentemente, por un tema operativo, le dimos algún plazo a la gente. No ha sido citada oficialmente, pero estamos hablando de unos 15 días”, señaló.
Si bien el terreno afectado por las ocupaciones es muy superior al que abarca las 117 denuncias realizadas hasta el momento, Benenatti dijo que se está dialogando con la Intendencia Municipal de Maldonado para encontrar alguna solución.
Asimismo, reconoció que la empresa propietaria de los 1.038 terrenos y predios ubicados entre la Ruta Interbalnearia y la laguna del Sauce mantiene una importante deuda con la Intendencia Municipal de Maldonado por concepto de Contribución Inmobiliaria, lo que se está negociando en estos momentos. Sin embargo, aclaró que el valor de las tierras es muy superior a la deuda generada.
“La solución para nosotros es comercial, y para la intendencia es solucionar un problema social”, aclaró, admitiendo que el canje de tierras por deudas sería una alternativa. “Estamos en muy buenos términos con la administración De los Santos. Ellos están muy preocupados por este tema y lo han manifestado en varias oportunidades. Pienso que están buscando una solución al tema”, sostuvo.
Benenatti agregó que esta primera etapa del reclamo de Chia SA no comprende el total de las ocupaciones ilegales constatadas, pero eso se debe a que “la Policía y el Juzgado tienen determinada capacidad para recibir denuncias”. “Por una cuestión de orden, digamos, ésta es una primera etapa, en la que nosotros arrancamos”, indicó.
Además, explicó que hay muchos casos de asentados con anterioridad a mayo del año pasado que deben ser analizados de otra forma, porque la Ley no es retroactiva.
Reiteró, finalmente, que la primera etapa de las acciones de Chia SA apunta a los recientemente asentados, mientras que en el ámbito de las negociaciones con la Intendencia Municipal de Maldonado habrá nuevas reuniones en el transcurso de esta semana. Se estima que en estos días comenzarán a concretarse las citaciones que ya se han estado distribuyendo a los asentados, que deberán presentarse en el Juzgado de Paz de la 3ª Sección, ubicado en la ciudad de Pan de Azúcar.
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