Niegan traslado a paciente octogenaria que recibe diálisis

Cuando, hace casi tres años y medio, a Angélica Nalerio ­usuaria del Ministerio de Salud Pública (MSP)­ se le diagnosticó insuficiencia renal crónica, comenzó un verdadero calvario para esta anciana de 81 años que vive en la ciudad de San Ramón.

El centro de diálisis que le corresponde está situado en la ciudad de Canelones, a 50 kilómetros de distancia. Su traslado, tres veces por semana, para recibir el tratamiento, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los responsables de las instituciones públicas, que hasta el momento no han logrado ponerse de acuerdo para alcanzar una solución humanitaria, dejando al descubierto la incapacidad burocrática a la hora de encarar medidas urgentes y definitivas.

Otra paciente en la misma situación que Angélica, anciana y ciega, también domiciliada en San Ramón, se vio obligada a mudarse a la casa de una hermana en Montevideo para poder recibir el tratamiento indispensable, ya que no pudo soportar más los viajes en ómnibus. También se le negó el traslado en ambulancia.

 

El largo viaje

Cuando se le diagnosticó la enfermedad, Angélica permaneció internada casi tres meses, sin necesidad, ya que no se resolvía el traslado. Luego, el Centro Auxiliar de Salud (Hospital) de San Ramón se hizo cargo de llevarla y traerla a Canelones, hasta que el director, doctor Roberto Mascaró, ordenó que se suspendiera el servicio. Desde entonces, hace más de un año y medio, la paciente, acompañada por su hija María, enfrenta un verdadero «via crucis» para ir desde San Ramón a Canelones.

Todas las instituciones que pueden hacer algo están en conocimiento de la situación. Desde el Hospital de San Ramón se informó a la Dirección Departamental de Salud (MSP) y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que Nalerio tiene grandes dificultades para subir y bajar del ómnibus y que ha sufrido hematomas por caerse de la silla de ruedas dentro del coche, a raíz de las maniobras del conductor.

La hija de Angélica relató a LA REPUBLICA que su madre «no puede caminar, no ve de una vista y casi no oye; son cuatro horas de tratamiento a lo que hay que sumar la espera del ómnibus y el viaje». Indignada, dice que «no pueden dejar que una persona que no se puede movilizar y que carece de recursos tenga que venir en ómnibus; no la pueden dejar morir». María expresó: «Golpeamos todas las puertas, se ha movido mucha gente, pero hasta ahora no ha cambiado la situación».

 

El juego de la mosqueta

«Le pregunté al doctor Mascaró si el caso de mi madre no era una urgencia. Si ella no viene a dializarse se muere y no me contestó nada», afirma la hija de Angélica. En conversación con LA REPUBLICA, el director del Hospital de San Ramón expresó que el centro se hizo cargo del traslado de Nalerio mientras pudo y que incluso debió pedir una partida extra de dinero para hacer frente a los costos, pero aclaró que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) se hacía cargo de los traslados.

También hizo saber, a modo de primicia, que la situación de la paciente se resolvería en breve, a través del Mides y por intermedio de la Mesa Interinstitucional. LA REPUBLICA se contactó con las oficinas del Mides en Las Piedras, donde dijeron no tener conocimiento del caso ni de la posible solución anunciada. Sin embargo, fuentes hospitalarias confirmaron que la directora regional del Mides, Susana Rostani, estaba al tanto del problema.

LA REPUBLICA también se comunicó con la Departamental de Salud, en Las Piedras, donde dijeron que no estaban al tanto del caso. Sin embargo, también nos consta que los directores Daniel Pazos y Ana Gatti estaban informados de la situación. Inclusive, el doctor Pazos se encontraba reunido en San Ramón con el director del hospital, Mascaró, cuando éste conversó con LA REPUBLICA.

Por último, fuentes del FNR señalaron que financian los tratamientos, pero no los traslados, que deben ser realizados por cada centro de salud, tal como ocurre con los demás hospitales públicos.