LA IMPACIENCIA Y LA ESPERANZA

La semana pasada el Senado inició la discusión sobre el proyecto de ley de cuota. Esta semana se retomará la misma. Muchos quedaron sorprendidos ante la decisión de algunos legisladores nacionalistas de proponer que el tema de la cuota se zanje en el 2014: esto es, pasada una legislatura más. El razonamiento indica que en la próxima legislatura, aquellos bloqueos que se producen hoy (los bloqueos de los hombres que de aprobarse hoy la cuota, verían reducidas sus chances de ser reelegidos en el cargo), ya no estarán. Pero a nadie se le oculta que aplazar una decisión de esta naturaleza hasta la próxima legislatura es condenar la carrera política de muchas mujeres. Sobre esto, los datos son concluyentes: la cuota aparece hoy como la única ley que permitiría aumentar el número de mujeres en el Parlamento. De seguir las cosas como están, el Uruguay va a estar, como hoy, entre los países de desarrollo medio que peor desempeño tienen en esta materia. Nadie discute hoy que la incorporación de más mujeres al Parlamento es necesaria y deseable. De hecho, se ha introducido el porcentaje de mujeres en el Parlamento como una medida habitual para testear la «calidad de la democracia».

Pero esta forma de resolver las cosas postergándolas, dice mucho del Uruguay. Este mismo razonamiento se aplica a otros asuntos, generando la sensación de que en el Uruguay, el tiempo no importa. Pero en política, el tiempo es lo que más importa.

Si de aplazamientos se trata, otros proyectos de ley se encuentran en la misma situación. Tal es el caso de la despenalización del aborto. A pesar de haber recibido la sanción del Senado, en la última discusión sobre el tema, existe la idea de que mientras el actual Presidente esté en el ejercicio de su mandato, el proyecto no prosperará, habida cuenta de sus reiteradas declaraciones sobre su determinación de vetar la ley en el caso de que ésta fuera aprobada. Incluso llegó a existir la intención de incorporar al propio texto del proyecto una enmienda para que éste empezara a regir, ya no en el 2014, sino en el 2010, cuando existiera un nuevo gobierno. En tal caso, con otra figura presidencial, cabría esperar que la amenaza de veto no existiera. Mientras tanto, seguimos condenando a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado, a practicarse el aborto en condiciones de riesgo. Seguimos manteniendo en el terreno de lo «clandestino» una práctica que no es sólo habitual hoy en el Uruguay, sino en América Latina. Toda postergación de una decisión tiene costos. Estos costos, en el caso del embarazo no deseado, recaerán más fuertemente sobre las mujeres más pobres. En el caso de la cuota, recaerá sobre las mujeres que tengan aspiraciones a ocupar un cargo de representación.

Pero no sólo en cuestiones de género, los aplazamientos funcionan como un hacer de cuenta que se deciden cosas que simplemente, no se deciden. También funciona en otros campos. Actualmente se está llevando a cabo una campaña por la anulación de la Ley de Caducidad. El último Congreso del Frente Amplio, ha decidido sumarse a la campaña por la recolección de las firmas, para plebiscitar la anulación junto con la elección nacional en 2009. Sin embargo, muchos frenteamplistas no tienen muy claro que ésta ha sido la resolución del Congreso. Piensan, y con alguna razón para ello, que el Frente Amplio no está a favor de sumarse a la campaña. Además, la falta de la estructura militante del Frente Amplio en la suma de voluntades hoy, en pleno período de recolección de firmas, se siente, y muy profundamente. La mayor parte de los mecanismos de democracia directa que se pusieron en marcha en el Uruguay, requirió un esfuerzo de militancia y organización considerable. ¿Por qué habiendo tomado esa decisión el Congreso, la mayoría de los frenteamplistas todavía no ha votado? En buena medida porque se sabe que el gobierno no mira con muy buenos ojos esta anulación. Y ello, a despecho de algunos gestos ejemplares, como el de la firma del hermano del Presidente de la República, que se sumó a la iniciativa. A la idea de que el proceso de algún modo se «zanjó» en 1989, se le suma la idea de que «no se puede otra vez perder», y que ya es bastante lo que se hace en materia de derechos humanos. Por otra parte, personeros del gobierno y figuras políticas muy representativas de la izquierda, no quieren «comprometer» al gobierno con la anulación de la Ley de Caducidad. Fue en un Congreso del Frente Amplio que se optó por no incorporar al programa la anulación de la Ley de Caducidad. El argumento entonces era «no asustar a la gente». Lo importante era ganar. E incorporar esto podía conducir al Frente Amplio a algún riesgo innecesario. El Presidente se comprometió con aplicar el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que habilita al Poder Ejecutivo a proceder en los casos no comprendidos por la ley (como el delito de «desaparición forzada»). El proceso de anulación de la ley hoy, por más que el Frente lo haya votado, se ve como poner al gobierno en aprietos. El argumento funciona más o menos como en los casos anteriores: ahora no lo hagamos, sigamos como hasta ahora, ya en el próximo período podremos derogarlo. Pero no está claro que mañana se vayan a tener los apoyos que se tienen hoy; no se sabe a ciencia cierta en manos de quién estará el gobierno, y la dilación de una decisión como ésta, condena a la oscuridad muchos hechos del pasado, que hoy sigue resultando imposible dilucidar, como vemos todos los días en la prensa. Sin anulación de la Ley de Caducidad, no podremos tener un proceso de revisión del pasado más o menos extendido. Y la verdad sobre muchas cosas quedará en tinieblas. Lo que no se haga hoy, difícilmente se sabrá, con certeza, que se puede hacer mañana. Pero la idea predominante sigue siendo: aplacemos la discusión.

¿Acaso son los uruguayos impacientes? ¿Acaso hay algo de ansiedad en «resolverlo todo ya», cuando en realidad se deberían esperar los momentos políticos adecuados? Francamente, nada indica que los uruguayos sean impacientes. Es más, el Uruguay es el país donde todo «pasa después». Pero la larga espera de cosas que nunca terminan de pasar, desgasta a los que esperan. Y como la esperanza está enteramente construida de espera, dejar de esperar, es también, perder la esperanza. Esto estuvo en la conciencia y el ánimo del Frente Amplio en sus orígenes, cuando su slogan era «Uruguayo, no te vayas: ha nacido una esperanza». Y claro está que eso lo predicaba en un país que comenzó a tener una tasa de emigración de las más altas de su propia historia. La migración tiene que ver con la desesperanza, o con haber dejado de esperar. Por eso, no puede haber decisiones para el 2014, o condenar al aplazamiento infinito decisiones que deberían tomarse ahora en espera de «un mejor tiempo posible». Probablemente porque en política, nunca hay mejor tiempo político que el presente.

|*| Politóloga. Universidad de la República.