Servicio comunitario en vez de encierro

La normativa nacional e internacional explicita que la privación de libertad debe ser la última pena a aplicar en caso de que un menor de edad cometa un delito. En la práctica, este recurso se ha vuelto el más frecuente. Doscientos cincuenta jóvenes están privados de su libertad por infracciones. Sin embargo, otros cien participan de diferentes programas para reinsertarse en la sociedad sin atravesar la experiencia del encierro, «que sólo los excluye y los pone en contacto con modelos negativos», según dijo a LA REPUBLICA el presidente del INAU, Víctor Giorgi.

Eran 30 al comienzo de esta administración, pero la cifra se ha elevado gracias a la «apertura del Poder Judicial», afirmó Giorgi. Esta vez, es la Universidad de la República (Udelar) la que apuesta a integrar a estos jóvenes, como una forma más de ejercer la extensión y la educación, según afirmó ayer el rector, Rodrigo Arocena.

 

Unanimidad

En una reunión celebrada ayer en la Udelar, Giorgi, Arocena y dos representantes del Poder Judicial ­los doctores Ricardo Pérez Manrique y Alejandro Guido­ presentaron una nueva etapa en la implementación de medidas no privativas de libertad para menores infractores. Pronto se celebrará el convenio que permitirá que los jóvenes cumplan tareas en los diferentes servicios de la universidad pública, aunque su inserción será paulatina y aún no hay fecha de comienzo fijada para su integración. No obstante, la posibilidad de que los adolescentes infractores realicen tareas comunitarias comenzó en 2007, como parte del Programa de Medidas Socioeducativas de Base Comunitaria) (ver recuadro).

Giorgi enfatizó la importancia de que una institución como la Udelar se haga eco del programa, ya que los jóvenes «podrán interactuar con diferentes generaciones y grupos sociales».

Los chicos participarán, entre otros sitios, en las cantinas y fotocopiadoras de las facultades. Ya se cuenta con el aval de la de Psicología para integrarlos, y habrá conversaciones con otros centros. En tanto, varios centros de estudiantes ya han demostrado su apoyo.

 

Justicia y extensión

El doctor Ricardo Pérez Manrique, de la Suprema Corte de Justicia, recordó que los jueces «siempre tienen que optar por las medidas no privativas de libertad», en caso de que sean «serias». Por su parte, Arocena insistió en la importancia de pasar «de la pena al servicio a la comunidad», y aseguró que el programa es parte del compromiso asumido por la Udelar con la sociedad.