"Uruguay es un ejemplo para Ecuador"

El viceministro de Protección Social en Salud del Ministerio de Salud del Ecuador, Carlos Velasco, junto a cuatro funcionarios de ese país, se encuentran en Uruguay estudiando el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la posibilidad de aplicarlo en su patria.

 

­¿Hasta el momento qué es lo que ha apreciado del SNIS que se aplica en Uruguay?

­Existe un acuerdo marco, entre el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Rafael Correa, para intercambios en el área de la salud.

En este momento estamos haciendo la transformación del sector salud. Nos interesaba ver cómo estaba este tema en Uruguay.

Es muy interesante en su proceso, en lo que hemos visto hasta ahora.

Fundamentalmente, los principios de equidad nos parecen esenciales. Un país debe generar esos procesos.

 

­¿Cuáles son las diferencias y paralelismos que se pueden formular entre el sistema de salud de Ecuador y el de Uruguay?

­Partimos de que en Ecuador tenemos una fragmentación del sistema de salud. Además está segmentado, y eso lo vuelve absolutamente inequitativo, porque hay gente que tiene acceso a los servicios de salud y otra no.

Uruguay es un país urbanizado y centralizado. Ecuador tiene 13 millones de habitantes en diferentes zonas geográficas, con una población muy dispersa.

Quito tiene dos millones de habitantes, Guayaquil lo mismo y el resto son poblaciones alejadas.

Ustedes tienen un proceso muy interesante de unificación cultural y los servicios de salud tienen una historia con las mutuales muy importante.

Nosotros tenemos 14 etnias que tienen su idioma o lengua materna propia, sus divisiones geográficas y sus propias características culturales.

 

­¿Quizás también su propio concepto de salud?

­Exactamente. El concepto de salud o de enfermedad que se maneja en el mundo occidental difiere totalmente con el mundo de las etnias.

En nuestro caso tenemos que darle universalidad al acceso. Existían cuatro millones de ecuatorianos que no tenían acceso a los servicios de salud, por diferentes motivos, económicos, culturales o geográficos, y además por la no adaptación de los servicios de salud a esa población.

El mundo de la salud para la población indígena y la población afro-ecuatoriana es diferente al resto.

Si no hay una adaptación, no hay acceso a la salud.

La economía también incidía en el proceso.

Toda la atención de salud que se daba tenía su costo, incluida la consulta. Por eso el presidente Correa decretó la gratuidad en algunos servicios de salud. Antiguamente, en los servicios públicos las consultas no eran gratis. Veníamos de un proceso de privatización muy fuerte. Este es un momento muy importante para nosotros, porque estamos mejorando los hospitales públicos. Salimos de gobiernos que fueron privatizando los servicios de salud y educación.

Ustedes, por ejemplo, con la reforma, están incorporando cada vez más ciudadanos al proceso. La mirada que tienen es ir hacia un sistema de seguridad social que es muy incluyente.

 

­En Uruguay hubo resistencias a la reforma de la salud, provenientes de sectores corporativos de la medicina. ¿En Ecuador ha sucedido algo parecido o han notado que puedan generarse problemas con dichos sectores?

­En estos momentos estamos transitando procesos de diálogos y concertación. Porque a pesar de ser una reforma técnica, no podemos perder la mirada política. Tenemos varios actores en el sistema y todos quieren hacer su tipo de salud; con todos ellos estamos conversando. Buscamos consensos y diferencias para poder articularlos.

En Ecuador hay 17 actores. Ahora, el otro actor fundamental es la Asamblea Constituyente.

En estos momentos se está trabajando para hacer la transformación del Estado, con un marco jurídico constitucional. El proceso de la transformación de la salud tiene que articularse con un marco jurídico que están elaborando los asambleístas en la Carta Magna. Por supuesto que tenemos divergencias, pero lo que queremos ahora, durante los primeros tres años, es que el sector público mejore. Tenemos que mejorar para que el ciudadano ecuatoriano, independientemente de su capacidad económica, pueda acceder a cualquier servicio de salud.

 

­¿Piensan aplicar algo parecido al Fonasa en Uruguay?

­Parecido, pero en nuestro caso es una administradora de recursos donde intervienen todos. Ese proceso llevará un tiempo, aproximadamente unos seis años.

 

­¿El proceso va a ser como en Uruguay, a través de una ley?

­ En la Constitución van a ir los elementos que hablen de la salud como derecho ciudadano.

De esta forma nos garantizará leyes que den a la población el acceso a la salud.