Se encadenó por falta de trabajo

Hace más de cuatro años que Estela Ramos recibe una jubilación de 2.000 pesos mensuales por enfermedad.

Antes se desempeñaba como auxiliar en el Hospital Pereira Rossell, pero al enfermarse no pudo volver a trabajar ni tampoco a presentarse a futuros empleos.

Tiene una prótesis de cadera, fue operada dos veces, y hoy camina con mucha dificultad, ayudada por un bastón.

Ante la mala situación económica que atraviesa su familia, el miércoles decidió instalar un puesto de venta de tortas fritas en la vereda del lugar donde reside. El emprendimiento, ubicado en Fernández Crespo entre Lima y Asunción, duró dos horas. Un camión con dos policías y una inspectora de la Intendencia de Montevideo paró y se llevaron todo.

Me dijeron que no puedo volver a instalar el puesto porque si no voy presa», relató. Según Estela. «alguien habían hecho una denuncia».

«Lo único que pido es que me dejen trabajar. No tengo otro medio más que una jubilación, y la asignación por el Plan de Equidad. Inventé lo del puesto de tortas fritas. La inspectora eligió lo que se iba a llevar, se llevó lo que tenía recién hecho y encima me preguntaban si lo iba a reclamar. ¡Qué voy a reclamar si hay que pagar diez unidades reajustables!

La mercadería yo ya no la podía retirar porque es algo comestible.

El cartel no era mío; me lo habían prestado. Me cortaron las manos», contó Estela indignada a LA REPUBLICA.

Vecinos denunciaron que otros puestos de torta fritas son instalados por la tarde sobre la misma avenida pero no son retirados. Estela dice que no dejará su protesta hasta que llegue algún tipo de resolución de parte de la Junta Departamental, adonde elevó su denuncia.

«Yo no estaba robando, estaba trabajando. Estoy tratando de llevar un pequeño sustento, porque acá no ganás nada, no te hacés millonario; es un aporte más que tengo para la familia», expresó.