Asociación investigada por ilícitos dejará de atender CAIF de Mercedes

Dos asociaciones civiles se harán cargo de los CAIF de Mercedes, al tiempo que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) rescindió el contrato a la anterior asociación civil, denunciada por los funcionarios por diversas irregularidades de índole económica.

Escrito por: Aldo Roque Difilippo | MERCEDES

Como se recordará, los CAIF del Cerro, del Oeste y Las Cunitas eran administrados por una misma asociación civil que fue denunciada por los funcionarios por falta de pago en los haberes, pero también por los proveedores ante la falta de pago en las mercaderías entregadas.

La situación se desencadenó en diciembre del año pasado y siguió repercutiendo al comienzo del año lectivo, al punto que los niños concurrían en régimen de medio horario. Asimismo, los funcionarios denunciaron que recibieron presiones del director del CAIF, un comisario.

El INAU y el Plan CAIF iniciaron una investigación por la denuncia presentada por funcionarios de tres centros CAIF contra la asociación civil que los venía administrando. El jefe departamental del INAU, Horacio Perazza, en diálogo con LA REPUBLICA, anunció que se rescindió el contrato de la asociación civil que administraba los CAIF del Cerro, de Oeste y Las Cunitas.

Adelantó que en estos días se estará firmando un convenio con la asociación civil Iglesia Bautista El Sembrador, que se hará cargo de los CAIF Del Cerro y Oeste, mientras que la Asociación Civil del Club Nacional de Fútbol “va a administrar el CAIF Las Cunitas”.

Seguir hasta el fin

Perazza explicó que en la investigación que se lleva adelante por las denuncias contra la asociación civil del Cerro, “si se comprueban las irregularidades se hará lo que corresponda para actuar con justicia”. El jerarca remarcó: “A ver si quedamos claro: todos los procesos administrativos que realizamos en INAU llegan hasta que se determina si hay responsabilidad o no. Cualquiera. O sea que el procedimiento siempre termina con una conclusión. Acá no queda nada por la mitad”.

Acotó también que, aunque parezca que tienen “una desconfianza de que las instituciones no cumplan con lo que indica el Decreto 500 y la ley”, en todos los casos van a “seguir el debido proceso, y si las consecuencias terminan siendo una denuncia penal ésta se hará”.