Escrito por: Victoria Alfaro

“Es un tributo con destino específico. Todo lo recaudado no iba para Rentas Generales, sino para el Ministerio de Deportes y el Fondo Nacional de Lucha contra el Sida”, explicó a LA REPUBLICA el profesor de derecho tributario doctor Juan Benítez Gómez.
“No se podía gastar en otra cosa y por eso la preocupación es saber si lo recaudado tuvo el destino que la ley marcaba”, indicó el abogado. Por lo tanto, el Fondo debió tener una cuenta corriente y una contabilidad propia, así como boletas que acrediten en qué se gastaron los siete millones de dólares.
Para comenzar a aclarar la situación, ayer se realizó una reunión con la directora del programa nacional de VIH/Sida, María Luz Osimani.
La jerarca indicó a LA REPUBLICA que el Fondo nunca estuvo bajo su órbita y que era competencia de ASSE. A pesar de eso, el doctor Benítez explicó que en la reunión, la directora se comprometió a darles una respuesta en los próximos días.
Por su parte, el secretario de los trabajadores con VIH/Sida (Cirar), Federico Deveras, quien también asistió a la reunión, explicó a LA REPUBLICA que la jerarca les manifestó que tenía conocimiento de la existencia del Fondo, pero que no tenia “ni idea” del destino de lo recaudado por el impuesto.
Por otra parte, la Comisión de Deportes del Senado, a impulsos del senador de Alianza Nacional Julio Lara, citó en primera instancia para el martes al presidente de la AUF, José Luis Corbo, y al director de la DGI, Nelson Hernández.
El motivo es que informen sobre lo recaudado por el impuesto (que se calcula en 14 millones de dólares). Hernández informará sobre el destino de ese dinero. “En caso de que no se haya distribuido como corresponde, citaremos al ministro de Economía”, indicó Lara. Si el dinero fue a parar a los ministerios de Deporte y Salud Pública, la comisión citará también a los secretarios de esas carteras, Héctor Lescano y María Julia Muñoz.
Según explicó el doctor Benítez, al derogarse la ley debido a la reforma tributaria, y gracias al artículo 109 (Afectaciones) de la nueva ley, la DGI debe realizar un cálculo de lo percibido en los últimos 3 años por la anterior ley y seguir volcando ese dinero al Fondo y al Ministerio de Deporte.
“Es una buena solución del gobierno, pero es otra de nuestras dudas, ya que no sabemos las cifras exactas del impuesto, ni si se tomó o no esa medida dispuesta en ese artículo”, explicó.
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