Garantías

Por Antonio Pippo

Pocos delitos tan aberrantes ­que no discriminan clases sociales ni economías­ han permanecido tanto tiempo amparados por el silencio y la oscuridad como la violencia doméstica.

El viejo patriarca castigador devenido macho prepotente, caricaturesco pero terrible, y la sumisión de la mujer por miedo o ignorancia condujeron a esa situación. Las cosas tuvieron un vuelco cuando una ley habilitó no sólo a jueces y fiscales a actuar de oficio, sino a cualquier persona a denunciar todo supuesto caso de esta índole.

La directora de la Casa de la Mujer de la Unión ha dicho: “Desde que apareció esa ley las denuncias se incrementaron de forma notable; desde un vecino a un familiar cercano pueden hacer estas denuncias”.

Sin embargo, ¿faltaba algo?

Sí. El gobierno ha dado ahora ese paso necesario: defender a las víctimas como prioridad, claro, pero, al mismo tiempo, afirmar las garantías del proceso. Se crearán dos nuevas fiscalías letradas para atender casos de violencia doméstica y el fiscal, a nombre de la sociedad, estará presente durante las audiencias, privilegio que sólo correspondía al juez y, obviamente, a las partes. Además, habrá cursos de especialización para esos jueces y fiscales, de forma que manejen tan delicadas circunstancias no sólo mientras hacen experiencia, sino con la mayor preparación posible.

Ocurre que frente a cualquier denuncia de terceros hay cierta tendencia a darla por cierta, a proteger a niños y mujeres involucrados y a lapidar socialmente al hombre, hallándolo culpable sin más. Desafortunadamente, la realidad ha probado a veces que acusaciones de este tipo tapan otros intereses y se pueden cometer injusticias.

Con jueces y fiscales mejor capacitados no se hará sino dar todas las garantías posibles a unos y otros para que la sentencia se ajuste a la verdad de los hechos.

Ciertamente, quedan problemas a superar: la lentitud de los procesos y el cumplimiento real de las resoluciones judiciales.