Mayor compromiso con los jóvenes por sus derechos

Se viene a nuestro país mucho ruido en las barras del senado por la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud. La aprobación no cambiará «de un día al otro» la vida de los jóvenes, pero implica un compromiso de las autoridades nacionales.

Luego de pasar con éxito por la Cámara de Diputados, y de ser analizada por la Comisión de Asuntos Internacionales, el Senado será responsable de aprobar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Esta fue adoptada en octubre de 2005 en Badajoz, España, al celebrarse la reunión de delegados de los Estados Miembros de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ).

Cabe destacar que hasta el momento, en seis países fue ratificada la Convención. En República Dominicana, Ecuador, Honduras, España y Costa Rica. Posiblemente desde el martes, Uruguay sea el sexto país que integre la lista, ya que en la última instancia fue votada por unanimidad.

 

Diversidad de temas

El texto a ratificar consta de 44 artículos, que fueron formulados teniendo en cuenta las necesidades y opiniones de los jóvenes. Planteados para atender fundamentalmente las problemáticas actuales que mantiene uno de los sectores más productivos de la población.

Los temas son diversos. En materia de «Derechos Civiles y Políticos», se destaca el derecho «a la vida», con un estado que garantice el desarrollo físico, moral e intelectual, además de la prohibición de la pena de muerte para los jóvenes, en aquellos lugares donde aún se mantiene vigente. También se menciona el derecho «a la integridad personal», «a la objeción de conciencia» ­que refiere básicamente a objetar el servicio militar obligatorio­, «justicia» y «participación».

Además hay artículos destinados a proteger la seguridad personal, la libertad de pensamientos, conciencia y religión, entre otros.

Mientras que a nivel de los «Derechos Económicos, Sociales y Culturales «se contemplan los derechos a la «educación», «vivienda», «al desarrollo» ­social, económico, político y cultural­ y a la «educación sexual». Considerada esta última como «fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa», que «procura su inclusión en todos los niveles educativos».

En el área de los derechos económicos, sociales y culturales, también se establece el derecho a la cultura, arte, trabajo y condiciones laborales, protección social, formación profesional y más.