EMPLEADOS DE CAIF PIDEN RESPUESTAS

Incertidumbre laboral y temor por posibles represalias, expresaron los trabajadores de los centros CAIF del Barrio Oeste, ante la situación que vienen atravesando.

Como se recordará, en enero el INAU inició una investigación por un faltante de dinero que hizo que se produjera el atraso en el cobro de los haberes de tres centros CAIF de Mercedes: Cerro, Barrio Oeste y Las Cunitas. Estos son administrados por la misma asociación civil, que está presidida por el comisario José Fernández Lares.

Prefiriendo guardar el anonimato, un grupo de trabajadores comentó a LA REPUBLICA que el CAIF del Oeste no sólo no ha podido pagar las facturas extendidas por los proveedores, sino que tiene fecha prevista de corte para el suministro de agua y de luz por las facturas atrasadas. Afirman que, desde hace bastante tiempo, los niños «sólo comen carne picada», ya que tienen la orden de no comprar otra cosa, mientras la carnicería que los provee los intima a pagar lo adeudado. El dinero no aparece y, a diario, los trabajadores deben enfrentar a proveedores que reclaman por el pago de las cuentas sin que nadie de la Asociación Civil «dé la cara», según relatan. La situación no es nueva. En 2004 se suscitaron los primeros hechos, cuando un grupo de trabajadoras inició acciones legales contra la Asociación Civil. Se repitieron en 2005, pero ante cada situación «cambiaron las cabezas pero no los nombres». Los trabajadores han realizado planteos ante INAU e INDA, pero desde ambas instituciones se les ha contestado que responden a la asociación civil. Los funcionarios exigen una investigación profunda. INDA envía una partida de $20 por día y por niño, pero como contrapartida, no ha exigido documentación para corroborar si el dinero va a la dieta de los niños, al punto que muchas veces los trabajadores y padres han realizado colectas para comprar la leche.
LA REPUBLICA intentó recabar las manifestaciones del presidente de la Asociación civil que administra los tres Centros CAIF, pero éste se llamó a silencio. Al cierre de esta edición el caso era tratado por la Junta Departamental de Soriano.