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La revolución social avanza en América Latina por la vía democrática. En Bolivia, Ecuador y Venezuela accedieron al gobierno fuerzas políticas que representan a los sectores sociales más postergados y explotados de esas sociedades: indígenas, trabajadores y campesinos.

La reforma de la Constitución es el instrumento elegido para desmontar el sistema de dominación impuesto por el neoliberalismo. El gran capital, en cambio, impulsa los Tratados de Libre Comercio para perpetuar el marco legal que favorece la expansión capitalista, la concentración del ingreso y exclusión social.

En el marco de un enfrentamiento continental entre civilización o barbarie los venezolanos deberán decidir hoy si aprueban una reforma constitucional que permite modificar sustancialmente las relaciones de propiedad en favor de los desposeídos.

Ante el crecimiento de la conciencia y organización de los pueblos, el capitalismo muestra su principal limitación: la ganancia de unos pocos, no puede ser convalidada por los millones a los que explota. La amenaza contrarrevolucionaria se despliega por el continente… en Bolivia la derecha amenaza con un golpe de Estado.

UNO. En 2006, en el libro «Otro camino Económico», la Red de Economistas de Izquierda señalaba: «Es imprescindible cambiar las reglas de juego de la economía y la sociedad creadas por el neoliberalismo a lo largo de tres décadas. Hay que desmontar un andamiaje normativo creado para favorecer la expansión del capital generando altísimos niveles de exclusión y segmentación social». Ante el fracaso de las políticas de apertura, desregulación, liberalización de mercados y flexibilización laboral, la Rediu propuso una agenda de cambios, entre los que destacan: Recrear las fronteras económicas ­ ampliadas en el marco de la integración regional-, para tener la capacidad de incidir a través de la política económica y las políticas públicas en los procesos de producción, acumulación y distribución. Devolver al Estado su papel como actor fundamental del proceso económico, el cual debe contraponerse a un mercado que ­por propia lógica­ no atiende las necesidades de quienes no tienen capacidad de pago; impulsa procesos centralizados de concentración de riqueza y genera la salida permanente de recursos materiales y humanos hacia los países centrales. Consolidar y ampliar los derechos que le corresponden a los trabajadores por su papel central en el proceso productivo. El gobierno del FA ha avanzado mucho en ese sentido, pero queda mucho por hacer. Privilegiar el capital social y las empresas públicas respecto a otras formas de capital. Actualmente se avanza en la dirección contraria: se destruyó la banca cooperativa; la reforma tributaria favorece al gran capital; las zonas francas crean condiciones de privilegio al capital extranjero.

DOS. En Venezuela, la derecha política y el empresariado nacional y transnacional se oponen a la reforma constitucional porque modifica los derechos de propiedad y las reglas del proceso económico, a la vez que crea mecanismos de poder popular. Se reconoce y garantiza las diferentes formas de propiedad: pública, colectiva, mixta y privada; a la vez, habilita la expropiación de cualquier clase de bienes con fines de utilidad pública o interés social -con pago oportuno de justa indemnización­ que el Estado podrá ocupar mientras dura el proceso (Art. 115). Reserva al Estado la explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien de carácter estratégico y la prestación de servicios públicos vitales (Art. 113). Prohíbe, también, los latifundios por ser contrarios al interés social (Art. 307). El Art. 318 declara que el Banco Central no tiene autonomía y que «sus funciones estarán supeditadas a la política económica general y al Plan Nacional de Desarrollo». ¡Qué diferencia con aquellos que quieren entregar todo el poder al mercado! En forma contundente reserva al Estado «por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional, la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, así como de las explotaciones, servicios y bienes públicos de carácter estratégico» (Art. 302). Promoverá la integración y la unión de América Latina y del Caribe a objeto de configurar un gran bloque regional de poder político, económico y social, en base a la más amplia cooperación, la complementariedad productiva, la solidaridad y el comercio justo (Art. 153). Se instauran estructuras de Poder Popular, tales como las Comunas y los Consejos de Trabajadores, Campesinos y Estudiantes (Art. 136) y se declaran revocables todos los cargos de elección popular (Art. 70). La participación protagónica del pueblo es el sustento democrático fundamental de las reformas.

TRES. Bolivia también lucha por remover el ancla que hunde su país en la dependencia y a su población en la pobreza y la indigencia. El pueblo boliviano y su gobierno, presidido por Evo Morales, está siendo agredido por los sectores del capital. Cuando Bolivia comienza a caminar de la mano de una gestión gubernamental honesta y patriótica, donde se percibe el crecimiento económico y la tendencia hacia una distribución más equitativa de la riqueza, cuando el pueblo recobra la esperanza y la participación democrática, cuando se recuperan los recursos naturales que siempre fueron usufructuados por unas minorías asociadas al capital extranjero, las clases dominantes pretenden volver al pasado de saqueo, entrega y explotación. Los líderes separatistas y la oligarquía racista, con apoyo de la embajada estadounidense, pretenden provocar acciones violentas que desemboquen en la caída del Presidente Morales. A su vez, los medios de comunicación – tal como lo hicieron con Salvador Allende, en 1973 – pretenden desinformar a la opinión pública internacional planteando que existe un «vacío de poder» producto de la ingobernabilidad. Los enemigos de la democracia, el imperialismo y la oligarquía deberán enfrentar un gobierno popular que tiene todo el apoyo del movimiento indígena y campesino, así como, el de obreros, estudiantes y pequeños productores.

CUATRO. En Uruguay, el problema fundamental está en la actual dirección de los cambios: o se crea una nueva trayectoria ­al igual que lo hacen Bolivia, Ecuador y Venezuela – o se consolida y amplía el predominio del capital trasnacional y sus aliados locales. Los caminos de la segunda y verdadera independencia requieren un nuevo marco constitucional y legal, un programa económico alternativo y una nueva estrategia de acumulación que le dé viabilidad. La aprobación de la reforma de la Constitución en Venezuela -se esté de acuerdo o no con cada uno de sus puntos­ avanza en ese sentido. El triunfo del «SI» permitirá profundizar el proceso revolucionario venezolano y favorecerá a quienes luchan en Latinoamérica por el proyecto emancipador que ha sostenido históricamente la izquierda.